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Clausuran cambio de uso de suelo en Valle de los Cirios

Afectaron 26 hectáreas de área natural protegida

Nota publicada el 6 de abril de 2016
por Elizabeth Vargas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró un predio forestal por realizar actividades de cambio de uso de suelo sin las autorizaciones correspondientes, en el Ejido Reforma Agraria Integral, Delegación Municipal de El Rosario, municipio de Ensenada, Baja California, el cual es considerado como zona de influencia por su cercanía al “Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de los Cirios”.

Inspectores de la Delegación Federal de la PROFEPA en el estado realizaron visitas de inspección en las materias de impacto ambiental y forestal a un particular, por detectarse actividades de cambio de uso de suelo en los terrenos, lo cual afectó vegetación de ecosistema semiárido dentro de un polígono de forma irregular con una extensión total de 26 hectáreas (260,000 metros cuadrados).

Los inspectores federales identificaron que las especies afectadas por la remoción son: Manzanita, Palmilla del desierto, Palo Verde, Maguey Costero, Pino Salado, Chuparrosa, Lechuguilla, Torote, Chicura, Huizapol, Margarita, Incienso, Cholla, Cholla pelona, Cholla diamante, Biznaga, Garambullo o Senita, Biznaguita, Cardón, Pitaya agria, Saladillo, Jumetón, Vinoroma, Cirio, Ocotillo, Maderista, Jojoba y Guayacán.

Personal de esta Procuraduría también constató la remoción de ejemplares de las especies de Cardón y Cirio, que si bien no se encuentran bajo alguna categoría de riesgo, son de gran importancia y endémicas de la entidad.

Es importante destacar, que por la ubicación del sitio se puede determinar que el lugar es hábitat de una gran diversidad de especies de flora y fauna silvestre, dentro de las cuales se encuentran algunas enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, como lo son: Víbora de cascabel, Lagarto escorpión del sur, Halcón cola roja, Halcón peregrino, Mirlo primavera de la laguna, Liebre cola negra, Culebra real común, Chipre coronado guatemalteco, Rata cambalachera desértica y el Ratón norteamericano.

Por lo anterior, el personal de PROFEPA requirió al inspeccionado las respectivas autorizaciones en las materias de impacto ambiental y forestal emitidas por SEMARNAT, para realizar actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en el lugar específico en el que se efectuaron las actividades y afectaciones.

El inspeccionado al momento de las diligencias no presentó las autorizaciones y manifestó no contar con ellas, ante esta situación y por realizar actividades de remoción de vegetacíon natural y la afectación y fragmentación del habitat de diversas especies de flora y fauna silvestre, se procedió a ordenar como medida de seguridad la “Suspensión Temporal Total” de las actividades de cambio de uso de suelo en el predio forestal inspeccionado.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable estipula en el artículo 165 fracción ll, sanciones de hasta 20 mil salarios mínimos a quien realice en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obras o actividades distintas a las actividades forestales inherentes a su uso; llevar a cabo el aprovechamiento de recursos forestales; y realizar el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales, sin contar con la autorización correspondiente.

Así mismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, prevé en el artículo 171 fracción I, sanción económica de hasta 50 mil veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, para el caso en el que se realicen actividades de cambio de uso de suelo forestal sin contar con las autorización en materia de impacto ambiental.

Dirigentes de las delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Tijuana, Tecate, La Paz Baja California Sur, Hermosillo y San Luis Río Colorado, Sonora, se reunirán en esta ciudad para abordar los temas de interés para la industria del Noroeste del país.

Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de Canacintra Ensenada, informó que el dirigente de ese organismo Enrique Guillén Mondragón presidirá los trabajos en los que se pretenden abordar temas relacionados con la problemática económica, fiscal y las políticas públicas del Gobierno Federal.

La reunión tendrá lugar este viernes a partir de las 11:00 horas, misma que tendrá carácter privado, pero alrededor de las 3:30 de la tarde, se podrán hacer públicas las resoluciones o algún posicionamiento sobre los acuerdos que se logren, indicó.

De manera particular los industriales buscarán establecer una posición conjunta con relación a la problemática relacionada con la infraestructura de comunicaciones como puertos, carreteras, aeropuertos y todo lo que tiene que ver con la logística para el desplazamiento de personas, productos y mercancías diversas en la región.

Otro de los temas importantes que pondrán en la mesa será la de dar seguimiento a la propuesta Ley para regular el endeudamiento de estados y municipios, pero que también debe incluir al gobierno federal cuya deuda externa e interna se ha incrementado alarmantemente, señaló Cortés Ríos.

No es posible, advirtió, que miles de proveedores de Pemex no puedan cobrar la venta de productos, servicios y suministros a la paraestatal y muchos estén al borde de la quiebra, y el gasto corriente del gobierno siga incrementándose como si no pasara nada.

El Gobierno Federal ha endurecido su política fiscal, aplicado controles electrónicos y encarecido el pago de impuestos por los costos de los equipos y personal que han tenido que contratar las empresas, mientras que ellos no tienen ninguna restricción a la hora de ejercer el gasto.

“Mientras que un empresario tiene que apretarse el cinturón para hacer frente a todas sus obligaciones fiscales, el gobierno no tiene ninguna restricción”, dijo.

Es por ello, manifestó, que en la reunión de presidentes de Canacintra, se buscará un consenso para que los industriales asuman un posicionamiento nacional al respecto, si es posible junto con otros organismos de la iniciativa privada, ya que no es posible que por un lado se exija a los contribuyentes y por el otro no haya claridad en la forma como se invierten los recursos públicos.

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