Jorge Cortés Ríos, dijo que, aunque hay versiones periodísticas que establecen al ganador como un consorcio internacional integrado por las empresas NuWater de Estados Unidos, Degremont de Francia y la mexicana NSC Agua, que firmaron el contrato bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) para construir y operar por 40 años una planta desalinizadora de agua en Playas de Rosarito, no se sabe más.

Se habla de una inversión de 9 mil 891 millones de pesos en dos etapas de la construcción, la primera que teóricamente empezaría este año para producir 2.2 metros cúbicos de agua por segundo y la segunda para terminarse en 7 años para completar los 4.4 metros cúbicos, refirió.

Sin embargo, advirtió, el gobierno solo responde parcialmente a los cuestionamientos de la sociedad, particularmente a los grupos organizados de la iniciativa privada cuando se demanda conocer los términos del contrato.

Nadie conoce con certidumbre los efectos que el contrato pueda tener en los costos o tarifas que se tenga que pagar por esa agua, el impacto en la competitividad de las empresas y en las finanzas del estado por la obligación de comprar agua a ese consorcio por un término de 37 años que dura la concesión, cuestionó.

Se sabe que el gobierno del estado tendrá que pagar 149 millones de pesos mensuales por compra obligada de agua a la empresa; mil 788 anuales lo que suma casi 70 mil millones de pesos en el tiempo que dura la concesión; pero no se tiene claro si es por el suministro de los 2.2 metros de la primera etapa o por los 4.4 del total de la producción.

Las condiciones en la disponibilidad de agua cambian, por lo que es posible que en los próximos 40 años y con el cambio climático que puede tener un efecto negativo, pero también positivo en las precipitaciones pluviales, pueden hacer suficiente el flujo de agua por lo menos en algunos años, por lo que es necesario prever esa posibilidad en el contrato.

Por otra parte, manifestó Cortés Ríos, si el gobierno requiere comprar agua, debe dejar abierta la posibilidad para que cualquier inversionista privado que quiera la produzca y la oferte al mejor precio posible al estado y particulares, con lo que se fomentaría la inversión, generación de empleos y la libre competencia.

“Que el gobierno diga cuánta agua necesita y cuánto está dispuesto a pagar sin afectar a la población para que particulares decidan invertir sin empeñar el futuro”, insistió.

Atando al estado –que no al gobierno- a una sola empresa se corre el gran riesgo de afectar el destino de la población a verse obligada a pagar costos innecesarios, ya que, con el avance de la tecnología, en poco tiempo puede haber alternativas más baratas para producir agua desalada, advirtió Cortés Ríos.

Mientras que en la extracción y refinación de combustibles y en la generación de energía eléctrica se está liberando la producción, señaló, en Baja California pareciera que el gobierno está interesado en crear monopolios.

Por otra parte, explicó que, aunque legalmente los alrededor de 70 mil millones de pesos legalmente puedan no representar una deuda, técnicamente si lo es, ya que se trata de pagos por compra obligada.

Además, más allá de lo que establece la Ley, en la operación de las APP no están muy claras las reglas y los candados para evitar el conflicto de intereses, por lo que es necesario que explique muy bien los proyectos y brinde la información suficiente, exigió el presidente de Canacintra.

Finalmente, el dirigente empresarial hizo un exhorto a los diputados del Congreso del Estado para que pongan especial cuidado en toda la información de costo beneficio, impacto social y en los aspectos financieros, para no comprometer el futuro del estado y su población por decisiones precipitadas.

Prever el suministro futuro de agua para Tijuana es importante, pero no urgente, hoy esa ciudad no sufre desabasto, por lo que hay tiempo para hacer un análisis a fondo antes de aprobar cualquier proyecto para que represente una solución y no un problema más, dijo.