Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmaron este lunes 11 de mayo, la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla que le daba al Gobernador tres años más en el cargo.
Se trata de las reformas al Artículo octavo transitorio del Decreto 112, emitido por el Poder Constituyente del Estado de Baja California y publicado en el Periódico Oficial, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.
Entre los considerandos de los ministros para votar este acto de inconstitucionalidad, coinciden en que los exdiputados al modificar la Ley incurrieron en una serie de fraudes, desacatos, y violaciones a la decisión popular dada en las urnas.
Se vulneraron principios de certeza, de no reelección y de retroactividad, ya que el Bonilla y el resto de los candidatos conocían las reglas desde el 2014, sabían que gobernador ocuparía cargo 2 años y fue declarado firme en dos ocasiones por el Tribunal Electoral.
Es un fraude a la Constitución por simular cumplir el orden constitucional cuando lo quebranta y un fraude al pacto federal porque viola los derechos de los ciudadanos bajacalifornianos.