En su exposición de motivos, los inicialistas mencionaron que “el escenario económico regional que actualmente vivimos y acentuado por el origen de la pandemia mundial Covid-19, exige que el Gobierno de Baja California tome una serie de medidas para hacer frente al plano financiero, lo que implica promover modificaciones a la legislación estatal, y en el caso particular, se estima necesario reformar los artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos Políticos, con el objeto de replantear la fórmula de cálculo del financiamiento público de los partidos políticos para reducirlo al 50 ciento”.

Dieron a conocer que en los últimos seis ejercicios fiscales, se tiene el registro de que los partidos políticos en Baja California recibieron, en su conjunto, de financiamiento público la cantidad de 937 millones 881 mil 421.90 pesos.

Argumentaron que “la ciudadanía busca incansablemente alternativas que permitan en cada momento un mejor desarrollo humano y social, y a la vez que tengan un sentido de transformación en la vida pública de nuestra Entidad. Por ello, es nuestra responsabilidad velar en todo momento por el cuidado de la distribución equitativa y eficiente de los recursos públicos, los cuales deben de destinarse a políticas, programas y acciones encaminadas a generar bienestar social entre la población”.

Agregaron que se publicó el 27 de marzo de 2020, el decreto de reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado, mediante el cual se incorporó como principio rector de la función pública electoral el de “austeridad”, lo que conlleva a que no solo las autoridades electorales ejerzan sus funciones y atribuciones bajo este principio, sino que también los partidos políticos coadyuven en su cumplimiento.

En ese sentido, explicaron que consideran oportuno en este momento buscar alternativas que permitan hacer eficiente el gasto público en materia electoral, bajo este principio de austeridad; por tanto, indicaron que su propuesta redefine el financiamiento público de los partidos políticos nacionales en la Entidad, con el fin de garantizar, por una parte, el acceso a ese derecho y, por otra, con estricto apego a las condiciones socioeconómicas en las que impera actualmente Baja California, y en general del país.

“El Proyecto de Nación propuesto por Morena se basa en la ejecución austera, responsable y honesta del gasto público principalmente, evitando los desvíos y dispendios que antes caracterizaban al ejercicio de gobierno y que ya no puede seguir sucediendo, por lo que debemos reorientar y reasignar el presupuesto para financiar proyectos de infraestructura con impacto regional, a reactivar la economía y a financiar programas sociales prioritarios”.

Por ello, los inicialistas subrayaron la necesidad de continuar con la generación de propuestas que permitan actualizar y modificar la legislación local bajo criterios de justicia social, desarrollo productivo y correcto uso del gasto público, al tiempo de hacer más eficiente su manejo mediante criterios de disciplina financiera, racionalidad y austeridad.