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Ley de Educación afectaría libertad a padres, estudiantes y escuelas particulares

Impone reglas, ideología, uniformes, útiles, libros y restringe derechos

Nota publicada el 30 de julio de 2020
por Elizabeth Vargas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ensenada, manifestó su preocupación por los efectos negativos que pueda tener la modificación de la Ley de Educación del Estado en contra de los derechos humanos y libertades de las personas, e instituciones privadas que prestan servicios educativos.

Martín Muñoz Barba, presidente de Coparmex advirtió que iniciativa en proceso de aprobación en el Congreso del Estado, estaría afectando la libertad de padres de familia para decidir sobre las características de la escuela que quieren para sus hijos, como: la educación, conocimientos y valores afines a sus convicciones.

El proyecto de modificación prohíbe a las escuelas particulares decidir el tipo de uniforme, logos y distintivos que dan identidad a cada plantel seleccionado por el padre, situación que también puede afectar derechos de autor registrados protegidos por la ley, señaló.

Apuntó que también impone restricciones a libros, autores y útiles escolares que, en el marco de los planes y estudios oficiales, puedan dar un enfoque u orientación diferenciada a la ideología, valores y proyecto de vida que los padres y sus hijos tienen como parte de sus derechos humanos, y en el ejercicio de su libertad.

La iniciativa no respeta las condiciones contractuales que en forma libre y conforme a la Ley acuerdan padres de familia y escuelas particulares, ya que se intenta establecer prohibiciones sobre aspectos como: “si la falta de pago es motivo o no de suspensión del servicio o de retención temporal de algún documento.”

Por otro lado, Muñoz Barba dijo que se mantiene una clara discriminación hacia los maestros y personal que labora en las escuelas particulares al prohibirles recibir alguna beca de estudios para sus hijos y familiares por el solo hecho de trabajar en esa escuela.

También se imponen sanciones económicas exorbitantes, fuera de cualquier proporción o correspondencia con acción u omisión alguna a las escuelas particulares que incurran en faltas o incumplimientos, señaló.

Indicó que los montos de las sanciones ascienden de 8,688 a 2.6 millones de pesos, que se pudieran duplicar en caso de reincidencia, pero no se especifica la formas y procedimientos de aplicación.

Sumado a esto, se busca acotar la participación de la sociedad civil organizada en el Consejo Estatal de Participación Social en Educación (Copase) al acotar a organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y mayoritearlos con la presencia de la parte de gobierno y sindical, apuntó Muñoz Barba.

El dirigente exortó a las autoridades y legisladores a no aprobar apresuradamente la Ley de Educación de Baja California, ya que su relevancia es enorme para el futro de niñas, niños y jóvenes, por lo que es muy importante elaborar la mejor Ley posible con la participación de todos los sectores y actores de la sociedad.

ANTECEDENTES

En septiembre del 2019 se modifico en México la Ley General de Educación y se inicio el proceso de armonización de las leyes de educación en todos los estados.

En Baja California se presento un proyecto de Ley de Educación el 15 de mayo del año pasado, con la intención de aprobarla inmediatamente, sin el conocimiento de la Sociedad.

A solicitud de un amplio frente de organizaciones de la sociedad civil, padres de familia, escuelas e instituciones particulares y el sector empresarial, se pospuso su aprobación y el 3 de julio de 2019, se permitió que la sociedad diera su opinión en una sesión de la Comisión de Educación del Congreso, las propuestas fueron entregadas por escrito el 5 de julio.

Sin embargo, pese haber acordado iniciar mesas de trabajo para analizar y buscar los consensos respecto a la iniciativa, eso nunca ocurrió, y, el 25 de julio de 2020, se informó la existencia de una nueva propuesta modificada que pretenden aprobar el lunes próximo en la Comisión de Educación para pasarla de inmediato a al pleno de la Cámara para su votación.

De nueva cuenta sin dar oportunidad a leer, analizar y hacer algún tipo de observación o réplica respecto a lo que se modificó y lo que no.

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