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Exigen mejores condiciones laborales para policías de Baja California

Seguridad social y prestaciones como lo marca la ley

Nota publicada el 5 de noviembre de 2020
por Gerson Flores

La CCSPBC, dio a conocer los términos de la denuncia que presentaron ante la CEDH, la cual tiene como objetivo mejorar las condiciones y prestaciones laborales de las corporaciones policiacas en el Estado, ya que no cuentan con seguridad social, han fallecido 38 policías por COVID-19.

En conferencia virtual, Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, señaló que la demanda va orientada a que se respeten tres preceptos básicos como lo es el derecho de cualquier empleado a tener prestaciones como lo contempla la ley, fortalecer a las corporaciones policiacas a través del plan nacional de policía cívica y justicia y por último, se haga valer el artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, el cual se debió de reformar desde 2017 y establecer los presupuestos y reglamentos en materia de derechos laborales.

Añadió que el plazo otorgado en 2017 fue de 180 días en el cual no hubo avance alguno, razón por la cual el CCSP, presentó una demanda ante la Comisión Estatal de de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).

Por otra parte, Miguel Ángel Mora Marrufo, Presidente de la CEDHBC, precisó en rueda prensa que se notificó a los Ayuntamientos, al Ejecutivo Estatal y Fiscalía del Estado, el pasado 30 de octubre con lo que se denomina alerta temprana a fin de que los preceptos impuestos en la demanda sean contemplados en el próximo plan de egresos estatal el cual se presentará en las próximas semanas.

Indicó que les preocupa el hecho de que tanto las condiciones laborales que exigen las corporaciones policiacas, así como el presupuesto para cumplirlas no se contemple en el proyecto presupuestal de 2021, por lo que, a partir de la notificación a las autoridades correspondientes esperarán una respuesta en el plazo de 10 días hábiles.

Reiteró que la alerta comprende los sentidos argumentados en dicha demanda, el hecho de que se reglamente todo lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública Estatal y a su vez se tomen en cuenta todos los decretos que se han emitido por el ejecutivo estatal en materia de seguridad pública para mejorar la condición laboral de los policías en el Estado.

Destacó que la seguridad social no solo es un derecho constitucional a nivel local y nacional , sino que se trata de un derecho humano fundamental establecido en diversos tratados internacionales los cuales son instrumentos jurídicos vinculantes para los Estados Unidos Mexicanos.

Declaró que la seguridad social no se va a garantizar de un día para otro pero que es necesario que el Estado, comience a tomar cartas en el asunto y adopte medidas inmediatas que reflejen un cambio progresivo respecto al mejoramiento de las condiciones laborales de los policías como muestra del respeto a los derechos humanos.

Alejandro Monreal, Presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Policiacas de Baja California, dijo que hasta el momento las autoridades correspondientes han hecho caso omiso en el cumplimiento de los ordenamientos que marca la ley como la reforma del artículo 131, además de 5 exhortos, 4 de ellos ante el congreso del Estado y uno ante la CEDH..

Detalló que hasta el momento en los últimos tres años han perdido la vida 80 elementos policiales por diversas causas, de ellos 20 en cumplimiento de su deber y 38 debido al COVID-19.

Puntualizó que las 80 familias de los oficiales policiales que perdieron la vida se hubieran encontrado en mejores condiciones si las corporaciones contarán con seguridad social y mejores prestaciones.

Indicó que a pesar de que las iniciativas de ley que contemplan mejor las condiciones laborales de los policías, parecen ser muy esperanzadoras, hasta el momento solo se trata de iniciativas de ley que no han sido subidas al pleno y que los policías no pueden esperar más.

El Presidente del CCSP, señaló que no se puede aspirar a una mejor policía si no se protege a los mismos, destacó que es necesario tener certeza de dónde vendrá el recurso, por lo que, los fondos FORTASEC no serán cancelados y se cuenta con 4 mil millones de pesos para ser repartidos en diversos municipios.

Por último, invitó a la alcaldía municipal de Rosarito, Araceli Brown y a la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, a responder a los pronunciamientos que les hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California.

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