Carlos Ibarra Aguiar, dijo que hay una enorme preocupación en el sector privado por la afectación que tendrán actividades como la industria maquiladora y manufacturera, el turismo, los minoristas y la construcción, entre otros, debido a que la eventual restricción de la subcontratación afectará sus costos y hará inviable sus operaciones en el país.

El dirigente aclaró que el CCEE no está en contra de la regulación de las empresas que prestan servicios de outsourcing con el propósito de afectar los derechos laborales de los trabajadores para que las empresas obtengan un lucro indebido, que son las menos.

Sin embargo, el gobierno debe permitir que el resto que son la mayoría, que prestan un servicio profesional para facilitar la inversión y las operaciones de empresas para la generación de bienes y servicios que traen beneficios en divisas y empleos para el país, deben operar bajo los esquemas ya establecidos con esa finalidad.

El crecimiento de 1 millón 3 mil trabajadores bajo ese esquema en 2003, a 4 millones 600 mil en 2018, no refleja una afectación para trabajadores y la captación hacendaria del gobierno, sino un crecimiento natural que ha llevado 15 años y que ha permitido que toda esa población laboral hoy perciba un salario digno, insistió Ibarra Aguiar.

El planteamiento que el Gobierno Federal ve como una desventaja, aclaró, es en realidad una buena noticia en momentos en que el mismo gobierno está despidiendo trabajadores de diferentes secretarías y dependencias que hoy requieren de un trabajo y un ingreso para subsistir.

El presidente del CCEE dijo que este no es el mejor momento para golpear la creación de empleo e inversión, ni de alterar la operación de las empresas que se apoyan en éstos esquemas, entre los que se incluye al propio gobierno, porque el país necesita con urgencia recuperar parte de lo perdido durante la pandemia del Covid-19, que ya se ha extendido por casi 10 meses y que no se ve para cuando pueda terminar.

“No quisiéramos pensar que se trata de una maniobra política con la utilización de la Secretaría del Trabajo como instrumento de control de los trabajadores, que curiosamente se da antes del proceso electoral de 2021.

Coincidentemente también en 2024, que se renovarán los poderes ejecutivo y legislativo, al ser esta dependencia la responsable de dar las autorizaciones para la subcontratación de personal, renovables cada 3 años”, adelantó.

Ibarra Aguiar hizo un llamado al Gobierno Federal a reflexionar sobre el tema y no dar un golpe más a la libre empresa, y exhortó al poder legislativo a no aprobar la iniciativa que de aprobarse podría dejar a muchos de los trabajadores que dicen defender y representar, sin trabajo y sin ingresos en un momento crucial para el país.