En sesión virtual encabezada por el presidente de la citada Comisión, diputado Ramón Vázquez Valadez, se analizó la iniciativa que constituye una respuesta a un reclamo popular de los familiares y agrupaciones de la sociedad civil en busca de las personas desaparecidas, y se espera que sea una herramienta útil para este fin, según señaló el legislador en su exposición de motivos.

La norma jurídica aprobada por unanimidad, consta de 83 artículos y 5 transitorios y tiene como objetivo regular el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de Personas, que incluye la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Consejo Estatal Ciudadano, los Grupos de Búsqueda de Personas, el Fondo Estatal de Desaparición, la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición de Personas, los Registros de personas desaparecidas y la disposición de los cadáveres de las víctimas.

Además, prevé un Título relativo a los “Derechos de las Víctimas”, donde incluye capítulos que regulan las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a los afectados y la protección de los familiares y toda persona involucrada en este tema.

Se refiere también a la prevención de los delitos, regulando la coordinación entre las diversas autoridades en la materia para implementar las medidas de prevención previstas en la ley, así como instrumentar la programación y la capacitación para los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública, involucrados en la búsqueda de personas desaparecidas.

Por otra parte, la Comisión de Justicia aprobó una iniciativa de la diputada Eva Gricelda Rodríguez, cuyo propósito es reformar diversos artículos de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, así como al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

La finalidad de esta iniciativa aprobada es crear los Juzgados en Materia Laboral, pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Baja California, dotándolos de facultades, competencias, reglas de operación y funcionamiento, así como adecuar el marco de atribuciones que la Ley confiere a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materias diversas.