Asimismo, piden la intervención de los senadores que integran la Comisión de Pesca y la del T-MEC, para que coadyuven con la autoridad pesquera –Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca)-, a crear los instrumentos idóneos para asegurar la identificación del origen del camarón ribereño, garantizando la posibilidad de su exportación a más tardar al 15 de septiembre del presente año, fecha aproximada de inicio de la temporada de captura.

“No podemos dejar solos a los pescadores mexicanos en este asunto que afecta a un amplio sector de la población que vive y depende de la actividad pesquera y en alto grado de la captura y exportación del camarón; vemos que al parecer no se avanza en la solución y nuestro siguiente paso será acudir ante el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard para pedirle la intervención diplomática ante el gobierno norteamericano”, apuntó la diputada federal Claudia Yáñez.

Expusieron Claudia Yáñez y Aureliano Aldama que son cuestionables e inciertos los motivos que sustentan la negativa de EE.UU. sobre la certificación para la exportación de camarón mexicano de altamar. También se pone en entredicho la capacidad de las dependencias mexicanas encargadas de vigilar la realización sustentable de actividades pesqueras, cuya reglamentación es clara.

La incapacidad de la autoridad Mexicana para establecer la “rastreabilidad” u origen de los camarones capturados a bordo de pequeñas embarcaciones (de menos de 10.5 mts de eslora) con permiso de pesca comercial para la captura del crustáceo (camarón) afectará 15,000 pangas aproximadamente, el empleo de alrededor de 35,000 personas de manera directa y el sustento y

subsistencia de muchos mexicanos ubicados en poblaciones rurales, altamente vulnerables cuyo medio de vida total, parcial o temporal es la pesca.

Argumentan que, “conforme a la sección 609, de la Ley Pública 101-162, de 1989, Estados Unidos verifica anualmente la comparabilidad en el grado de cumplimiento de los programas de protección a la tortuga marina durante la captura de camarón en los países que le exportan el crustáceo, respecto de su propio programa.

“Si se determina que los programas son comparables, certifica al país, en este caso México, para que pueda seguir exportando camarón de captura a Estados Unidos”, dicha certificación es obligación exclusiva de la flota de altamar o industrial cuyas embarcaciones son mayores a 40 pies de largo (eslora).

”En el caso de nuestro país -se agrega en el escrito-, se tiene un programa regulatorio a través de la Norma 061, que controla la captura incidental de la tortuga marina mediante el uso de DET’s, (dispositivos excluidores de tortugas marinas) misma que debe ser observada por la flota que utiliza como arte de pesca, redes de arrastre camaroneras.

Manifestaron su preocupación por que “si bien es cierto que la negativa de la certificación no debería afectar al total de las exportaciones del camarón, es importante considerar que tendrá serias repercusiones económicas para un sector vulnerable y consecuencias importantes en términos sociales, como es el caso de la flota menor, la pesca artesanal, donde, para la CONAPESCA, a estas fechas, no ha podido acreditar ante el Departamento de Estado de EE.UU. de manera coherente y con elementos indiscutibles los mecanismos y sistemas que puedan permitir la segregación o diferenciación para las exportaciones del recurso pesquero en base a su captura”.

Es decir –explicaron-, no ha podido acreditar las diferencias en cuanto a los métodos de captura del camarón mexicano, por una parte, el camarón silvestre obtenido con métodos de captura por arrastre, de aquél obtenido por los industriales, que requiere DET (Dispositivos Excluidores de Tortugas) y es regulado por la normatividad y por otro, el camarón capturado con artes de pesca, denominados “atarrayas” a bordo de embarcaciones de menos de 40 pies de largo o “eslora”.

Por lo anterior se pronunciaron por una estricta aplicación de las normas y leyes de protección del ambiente e hicieron un llamado a las dependencias encargadas de estas funciones a fortalecer las medidas de supervisión y asumir la responsabilidad real con respecto a las graves consecuencias del asunto.