En la exposición de motivos el legislador planteó al resto de los diputados que el el Gobierno Federal había decidido cerrar las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Tijuana y Ensenada.

El exhorto es para que no solo se revierta la decisión, sino que se apliquen más recursos a la única dependencia con atribuciones para sancionar a quienes cometen delitos ambientales en esta región.

“No existe un plan o estrategia clara que dé certeza de que esta decisión no afectará la salvaguarda de los recursos naturales del Estado” y agregó que el cierre de las oficinas implica una pérdida enorme en operatividad y tiempo de reacción de Profepa.

Recordó que la Procuraduría se encarga de la inspección y vigilancia para combatir el transporte, comercialización y tráfico ilegal de algunas especies en peligro de extinción o amenazadas, como la cacería furtiva del borrego cimarrón y venado, la pesca ilegal de totoaba y atiende varamientos de mamíferos marinos (vivos o muertos), aves y mamíferos terrestres.

Al desaparecer, quedarían sin vigilancia los dos parques nacionales que existen en Baja California, donde se unen ocho áreas naturales protegidas como Valle de los Cirios, Isla del Golfo de California, Bahía de los Ángeles, entre otros.

Diego Echevarría aclaró que su objetivo no es solo que se revoque la decisión del cierre de las oficinas, sino que se tomen las acciones y decisiones necesarias para fortalecer la presencia de esta procuraduría en Baja California.

“En Tijuana, dada la trascendencia de esta zona como puerto fronterizo, se realiza una gran labor de vigilancia contra el tráfico de especies registradas y protegidas”, puntualizó el diputado.

El punto de acuerdo aprobado debe ser turnado a la Secretaría de Medios Ambiente y Recursos Naturales encabezado por María Luisa Albores González.

Dentro de los argumentos informó al resto de los diputados que desde que se conoció la decisión de la SEMARNAT de desaparecer las dos oficinas de Ensenada y Tijuana, se han sumado a la petición de evitarlo, más de 28 mil personas que firmaron en Change.org.

Asimismo organismos ambientalistas no gubernamentales, empresas que prestan servicios de ecoturismo, dos senadores y ahora el pleno del nuevo Congreso Estatal.

Mientras esto ocurre, tanto el gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Ensenada o San Quintín no han fijado postura pese a que se trata de 51 mil kilómetros cuadrados que dejarán de ser vigilados además de que todo se concentraría en Mexicali.