La Presidencia de la República presentó la Acción de Inconstitucionalidad 128/2021 ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto 289, que transfiere los servicios de agua y drenaje del Gobierno de Baja California a los Ayuntamientos del Estado.
Dentro del Oficio 1.1621/2021 suscrito por el Consejero Jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer , se da cuenta de la decisión del Presidente López Obrador al Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, para tomar los efectos conducentes.
El Oficio indica, además, que dicha Acción de Inconstitucionalidad se adjunte a las de número 97/2021, 98/2021 y 99/2021, promovidas por las Sindicaturas del Ayuntamiento de Mexicali, Ayuntamiento de Tecate y Ayuntamiento de Playas de Rosarito, respectivamente, además de que los cuatro asuntos se anexionen a la Acción de Inconstitucionalidad 119/2021, promovida por diversos diputados de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con lo que todo se acumula en el mismo expediente, en función de la facultad de acumulación que tiene el Presidente de la SCJN basándose en el Artículo 69 de la Ley Reglamentaria, que sostiene que se puede unir “siempre que en ellas se impugne la misma norma”.
Por lo tanto, se establece que la Presidencia de la República identificó más violaciones en el Decreto de municipalización emitido por el Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por lo que tanto dicho recurso como el resto presentados por los síndicos y diputados será analizado y resuelto por parte de los ministros de la SCJN.
Mientras tanto, el Decreto permanecerá suspendido por parte de la SCJN, por tratarse de un asunto que ya está siendo revisado por los ministros, y que tendrá incidencia directa en el futuro de Baja California y de sus más de 3.7 millones de habitantes en siete municipios.
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