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Los abusos de FISAMEX y la cacería política

Los presuntos 727 mil de Casa Magnolia y la municipalización del agua

Nota publicada el 7 de septiembre de 2021
por Elizabeth Vargas

Pudo haber iniciado como una investigación de rutina, pero en los últimos días se observa más como una cacería política, en contra del abogado Alberto Ayala Urías, tío del alcalde de Ensenada Armando Ayala y exabogado de Jaime Bonilla que en los últimos días han utilizado a su golpeador estrella FISAMEX, para exigir un cobro superior a los 700 mil pesos por diversos derechos sobre el agua.

Pero antes de este golpeteo que ha incluido la exhibición del nombre del Abogado en algunas redes sociales mejor conocido como “Bibi Ayala”, había dado algunas asesorías a los grupos contrarios a la municipalización del agua, una de las últimas acciones de Bonilla, antes de irse de la gubernatura.

En entrevista con Ensenada Net, el abogado Alberto Ayala, precisó: “Esta cacería política contra mi persona empezó porque yo presto servicios legales, es mi profesión, de lo que me mantengo y si vienes tú a pedir una asesoría para saber qué hacer en contra de la municipalización del agua, yo te voy a contestar, yo pienso que se puede hacer y cómo es que se puede suspender”.

Ayala Urías, sabía en lo que podría derivar hacer su trabajo, porque desde abril cuando empezó a hacerse evidente el rompimiento con su sobrino (alcalde) y su ex cliente (gobernador), apareció FISAMEX para investigar la propiedad de su esposa y luego filtrar datos de los presuntos resultados con el nombre de Ayala Urías en el procedimiento, pese a que su nombre no aparece como propietario de alguna cuenta.

La primera aparición fue en el mes de abril donde se exigía el pago de una enorme cuenta de agua, fuera de proporción que fue atendida de inmediato.

“Hay un adeudo en procedimiento Judicial ante la Tercera Sala de Justicia Administrativa donde su esposa promovió la impugnación de nulidad del cobro que se pretende realizar por CESPE”.

Incluso de ese juicio que está en la tercera sala es el expediente 111 del 2021 ese inició el abril del 2021 y la autoridad concedió una suspensión definitiva, en la cual le ordena a CESPE se abstenga de suspender o reducir el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en el inmueble ubicado en la prolongación costero, es decir en Casa Magnolia.

El restaurante es de su esposa y es a nombre de ella de quien está esa cuenta.

Esta suspensión ya la tiene CESPE desde que se dictó en mayo del 2021 y tiene que ver con el medidor y conexión de agua sobre la Pedro Loyola.

“Bajo esta suspensión definitiva de un juicio que aún no se resuelve, obviamente CESPE no puede cortar ni suspender el servicio de agua a Casa Magnolia hasta en tanto se resuelva este procedimiento”.

Pero hace unos días reinició el golpeteo con filtraciones y datos en algunas redes sociales con el nombre del abogado quien solicitó formalmente a la CESPE por escrito saber si existe algún número de cuenta a su nombre con un adeudo de más de 700 mil pesos.

Aún no le han respondido pero si le confirmaron el juicio en proceso y la suspensión definitiva.

Y esta semana el inicio de una “cacería política” por el tema de la municipalización del agua y la persecución en su contra, especialmente luego que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidenciaron que lo que hizo el Estado con la CESPE fue inconstitucional.

Entró así en escena FISAMEX, narró Ayala: “Me hablan después y me citan para poder tratar un asunto donde supuestamente encontraron una toma clandestina de suministro de agua a Casa Magnolia”.

Aclara: “Primero no soy el dueño de la Casa Magnolia pero traigo la representación de la propietaria y con ese carácter comparezco para que me expliquen de que se trata porque le están dando una publicidad como si fuera realidad legal.

Le dijeron: “Nosotros FISAMEX hicimos una investigación y vemos que tiene unos tubos conectados ahí, que no están registrados”.

Luego le dijeron que de acuerdo a sus cálculos 727 mil pesos que se debían desde 2016.

Ayala explicó que en CESPE, conocen expedientes de cuando se realizó una privada en Casa Magnolia, un fraccionamiento entre el Bulevar Costero y la Pedro Loyola de dos hectáreas y con capacidad para 45 casas.

“CESPE sabe cómo se realizó un proyecto de agua potable y alcantarillado debidamente aprobado por CESPE, conocen el orden de visitas de supervisión de personal de CESPE que fue a revisar y autorizó instalar ese medidor.

El que autorizó todas las tomas de agua de ese predio mayor de casi dos hectáreas donde se manejaron 45 predios para establecer 45 casas ahí adentro todo eso lo autorizó y supervisó CESPE incluso tengo hojas de trabajo, la última supervisión fue en julio del 2019 cuando se hizo la conexión de la toma que va del Bulevar Costero hacia el predio de Casa Magnolia”

Agregó, no se trata de una toma irregular porque “el medidor lo autorizó CESPE y lo proporcionó porque son medidores especiales, entonces todo está documentado y se los enseñé, los documentos”.

“Ellos hasta el 2 de febrero del 2020 están autorizando poder contratar o sea registrar ese medidor, yo bien con el anterior gerente de comercialización para poder registrar y hasta la fecha no me dan una respuesta y mostré grabaciones que tenía con la persona que trabajaba en CESPE, una persona muy amable, pero por razones que desconozco nunca pudieron registrar dicho medidor y hasta la fecha estoy esperando”.

El procedimiento legal está completo desde 2019, llegó a donde quedaban listas las instalaciones pero no en operación.

El 25 de junio de 2019 fue la última revisión de supervisión de personal de CESPE de las instalaciones que de 2019 debían empezar a funcionar, antes no podían porque la construcción empezó en el 2018 y siguen sin funcionar.

“Pese a esto, FISAMEX llegó y dijo que tenían un cálculo donde le deben casi 800 mil pesos, y al cuestionar de qué fecha estaban calculando, la respuesta fue 2016, cuando en ese momento no había dado siquiera inicio la obra, que empezó en 2018, se terminó sin funcionar en 2019 y en 2020 se tiene la pandemia y se empezó a trabajar la obra de nuevo en octubre del 2020 y se buscó se diera de alta el medidor que no se ha dado alta ni funciona”.

Actualmente Casa Magnolia se surte de otro medidor, el que está en la Pedro Loyola y que por cierto quitaron el lunes un rato. Sin embargo, sobre ese medidor esta activa una suspensión definitiva de una autoridad que dice que no se le puede quitar el servicio y en el mismo sitio se repuso.

En los hechos, en CESPE hay descontrol y a esto se suma otro descontrol, con una empresa FISAMEX que presuntamente esta para investigar, pero solamente amedrenta a la gente para obtener un resultado económico.

“Sí yo que conozco la ley y me defiendo un poco pretenden imputarme que yo debo agua y no debo ningún cinco partido por la mitad de agua, y ya lo demostré, que ocurre con quien no puede o no sabe cómo defenderse”.

Muchas de las imputaciones y abusos y cobros de FISAMEX apelan a derechos de hace años, muchos ya prescribieron pero con amenazas logran hacer que sus víctimas paguen de ahí la necesidad de recurrir a un buen abogado que pueda establecer una defensa y evitar que se cometan más abusos.

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