El procedimiento dio inicio cuando la paciente una mujer quien con diagnóstico de cáncer recibió la noticia de que su enfermedad significaba una condena mortal y como su estado empeoraba ya no sería necesaria la medicina que le permitía seguir siendo funcional.

Alejandro Castanedo Quintana, abogado de la afectada es un joven litigante quien forma parte de una Asociación Civil, compuesta por profesionales del derecho quienes decidieron involucrarse en asuntos donde pudieran lograr el beneficio a la comunidad.

Así fueron contactados por la enferma, quien para poder adquirir el medicamento negado por el IMSS donde era derechohabiente tuvo que apoyada por su familia, allegarse de fondos con rifas, venta de alimentos y otros trabajos para cubrir los 73 mil pesos que cuesta la caja de SORAFENIB y que desde mayo del 2021 le dejaron de administrar.

El argumento; la enfermedad se había agravado y el medicamento era muy costoso. Le dieron otro más barato pero lejos de mejorar se empezó a sentir cada vez peor.

En octubre sin dinero, enferma y sitiéndose cada vez con la salud más deteriorada decidió buscar otra alternativa y los abogados de Litigio Consultoría A.C., presentaron entonces el documento de Amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Ensenada.

El 28 de octubre del 2021, se solicitó el Amparo de la Justucua Federal y la Juez concede la Suspensión de Plano.

Esta figura, establece mayor celeridad por parte del Tribunal que en este caso específico por el peligro de salud y vida de la persona promovente resolvió en pocas horas.

De acuerdo al abogado, en este tipo de suspensión se considera la posibilidad de un daño irreversible que ni con sentencia de Aparo se puede revertir ya que esta en riesgo la vida por lo que la Juez, dio un plazo de 24 horas al IMSS para entregar el medicamento.

El Amparo era contra actos de las siguientes autoridades:

1. Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México.

2. Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México.

3. Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Mexicali, Baja California.

4. Dirección General del Hospital General de Zona IV, No. 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad.

5. Dirección General del Hospital General de Zona IV, No. 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad.

Sin embargo, días después, el lunes respondió el IMSS que ellos no tenían responsabilidad.

El argumento del jurídico del IMSS era que tenía facultades administrativas no médicas.

Sin embargo previendo esta situación el Juez Octavo ante la posibilidad de incumplimiento recordó que para el funcionario existía la posibilidad de multas, inhabilitación e incluso consignación al Ministerio Público Federal.

Tras la respuesta la Jueza acordó 3 días para que IMSS demostrara que cumplió con la suspensión y dieron vista al MP, por la forma que se planteó el incidente

Y solamente así demostraron el cumplimiento que la medicina en cuestión ya estaba ahí y la enferma podía ir a recogerla.

Sin embargo, el asunto continúa, vigente porque por los meses transcurridos y el avance de la enfermedad serán necesarios nuevos medicamentos y existe el riesgo latente de que de nueva cuenta se los nieguen, por lo cual el tema del Amparo se mantiene en proceso y según el abogado es un caso en el que buscan llegar a las últimas consecuencias.