El próximo 15 de agosto a las 9:00 horas, el exgobernador de Baja California fue citado ante un Juez de Control de donde podría salir como imputado por diversos delitos relacionados con la contratación de una planta fotovoltaica, para la cual no se dio el permiso federal, pese a lo cual se comprometieron recursos del estado.
En la conferencia matutina la Gobernadora Marina del Pilar recordó que se recurrirá a las instancias legales necesarias “para proteger del desfalco quebranto, atraco que se iba a hacer a los Bajacalifornianos de 12 mil millones de pesos que por supuesto como Gobernadora no podía permitir”.
Bonilla y su equipo, apuntó, en el proyecto de Next Energy entregaron recursos “Garantizando construcción o no con participaciones de bajacalifornianos y se materializó el acto con el descuento de 123 millones de pesos de participaciones con una obra que no se iba llevar a cabo”.
En la reunión con medios de comunicación estuvo presente el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien informó que la audiencia en la que comparecerán Jaime “N” y diversos ex funcionarios de la administración estatal anterior se realizará el próximo 15 de agosto a las 09:00 horas, tal y como dispuso el Poder Judicial del Estado de Baja California.
“Se ha dispuesto la audiencia para que la Fiscalía pueda proceder a imputar por los diversos delitos que se investigan, cometidos por ex funcionarios públicos en el momento en que estaban en funciones.
Estaremos pendientes a esa audiencia, estaremos presente y realizaremos las actuaciones necesarias conforme a derecho”, expresó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien sostuvo que se cuentan con los datos de prueba correspondientes para poder proceder legalmente contra Jaime “N” y otros ex servidores públicos.
Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Baja California, Juan José Pon Méndez, informó que la denuncia contra Jaime "N" y otros representantes de la anterior administración se presentó debido a que el proyecto de la planta fotovoltaica que pretendía construirse en Mexicali era totalmente irregular, por lo que se tuvieron que tomar las medidas legales correspondientes para salvaguardar el patrimonio de los bajacalifornianos.
El funcionario estatal señaló que, de manera ilegal, el contrato hecho por la administración anterior garantizaba el recurso a una empresa comprometiendo las participaciones federales para el Estado, lo que se materializó con el descuento de 123 millones de pesos a pesar de que la obra no llevaría a cabo por no contar con los permisos legales correspondientes.
Pon Méndez agregó que la compañía Next Energy tomó la decisión de terminar con los contratos que tiene con el Gobierno del Estado, por lo que se espera que próximamente quedará finiquitado el asunto con la devolución del recurso que les fue entregado de manera indebida.