En un comunicado de prensa se informó sobre las opiniones expresadas durante el seminario continuo sobre “El marco jurídico de la pesca en México a debate. Áreas de oportunidad para la mejora y la innovación”, al que convocó el Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI.

La doctora María José Espinoza Romero, directora general de Comunidad y Biodiversidad, organización civil que promueve la pesca sostenible en América Latina y el Caribe, indicó que se debe revisar la Carta Nacional Pesquera para ver qué especies están sobreexplotadas, porque no en todas existen instrumentos regulatorios.

El problema, advirtió, es que muchas especies tardarán muchos años en recuperarse y otras no podrán hacerlo, debido a la sobreexplotación a que han sido expuestas.

Agregó que en la asignación de derechos a través de la renovación de permisos, deben depender del tipo de recurso pesquero existente por zonas y hacerlo en condiciones de equidad, porque las especies en deterioro o colapsadas quizá no se recuperen, además que sean un procedimiento ágil para que los pescadores tengan estabilidad legal.

A su vez, Ana María Frías Salazar, presidenta de la Federación Regional de Sociedad Cooperativas Pesqueras, Turística, Acuícolas y Artesanales del Estado de Yucatán, al explicar la vigencia del marco jurídico, exhortó a legislar de manera clara para lograr un manejo responsable de las pesquerías en las costas del país.

“Necesitamos que se legisle con mayor responsabilidad sobre la pesca en nuestro país; que todos pongamos de nuestra parte para poder cuidar de los mares, que son patrimonio y la herencia que le dejaremos a las futuras generaciones”, expuso.

Indicó que se debe revisar la actividad pesquera en términos de sustentabilidad y rentabilidad, promover el desarrollo social y económico de las comunidades pesqueras, al generar empleos y aportando alimento al pueblo, además de luchar para conservar los recursos pesqueros del país.

Al respecto, la doctora Angelina del Carmen Peña Puch, especialista de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Campeche, consideró que las comunidades pesqueras deben contar con información accesible sobre el estado del recurso, la fragilidad de los ecosistemas ante el uso de artes de pesca prohibidas y de materiales contaminantes.

“Esto es porque muchos de los pescadores no miden el peligro en el que se encuentran los ecosistemas marinos costeros, además de que existen muchos problemas por los arrecifes artificiales que, como en el estado de Campeche, afectaron muchísimo a las especies y al ecosistema marino en sólo tres años y afectó a numerosas especies”, alertó.

En tanto, la Maestra Mariana Aziz Pico, abogada ambiental por la Universidad de Londres y directora de Campañas y Transparencia en Oceana México, al hablar sobre los permisos de pesca comercial, precisó que se otorgan para aprovechar y comercializar un recurso pesquero y no se deben ver como un tema de transferencia de propiedad.

“Tener un sistema jurídico eficiente y transparente en la asignación de permisos, es una condición clara para sacarle el mayor provecho económico a los recursos pesqueros. Sin este sistema eficiente, todo el potencial que tenemos puede ser mal manejado, sobreexplotado y se puede perder la posibilidad de alimentar a millones de personas y generar empleos”, pronosticó.