Esta expresión ciudadana comenzará en la explanada del CEARTE y continuará a lo largo del Bulevar Costero, y es parte de actividades similares y marchas que en el mismo sentido realizarán comunidades de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de México y otros estados.

La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, se aprobó por ser la impulsada por el gobierno federal, sin analizar otros cuatro proyectos de ley para promulgar la mejor ley de ciencia para el presente y futuro de México.

Además, el dictamen final de la Ley HCTI se votó sin concluir los siete foros de Parlamento Abierto (sólo se realizaron dos) a los que se habían comprometido las comisiones unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, haciendo caso omiso de las múltiples propuestas y preocupaciones de las comunidades académicas y de los sectores social y privado relacionados con el tema.

Entre las preocupaciones que expresa la comunidad académica del país destacan las siguientes:

La nueva ley de ciencia centraliza las decisiones en el ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, y Tecnologías (CONAHCYT), lo cual es contrario a la investigación que se realiza en todo México gracias a la política de descentralización de esta actividad en la década de los 70´s, que creó centros públicos de investigación a nivel nacional.

La Junta de Gobierno del CONAHCYT, máximo órgano de decisión en política científica, quedó integrada por la dirección general del Consejo –siendo juez y parte–, 13 secretarías de Estado, entre otras, de la Defensa Nacional, de Marina, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Al incluir solamente a investigadores invitados por la misma dirección del Consejo, se deja a la comunidad científica sin voz ni voto de este importante órgano de decisión.

La nueva ley obliga la cesión de propiedad intelectual al CONAHCYT, por lo cual las patentes y sus derechos de explotación serán del Consejo y no de las instituciones que las generan.

La nueva ley de ciencia restringe la libertad de los Centros Públicos de Investigación, que son patrimonio de México, para atender los problemas locales.

El otorgamiento de financiamiento y becas priorizará a quienes trabajen en las líneas prioritarias definidas por el gobierno, mientras que las demás no son consideradas relevantes.

Existe discriminación de colegas y estudiantes de las instituciones de educación superior privadas violando preceptos constitucionales.

Hay ausencia de una fiscalización y rendición de cuentas porque el Órgano Interno Consultivo es controlado por el CONAHCYT.

Las comunidades académicas pugnamos por una ciencia para todos; que Ensenada siga fortaleciéndose como un polo de formación académica, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que tiene incidencia a nivel local, regional, nacional e internacional y que contribuye a la solución de problemas de interés público y que la investigación se ejerza con libertad y sin ideologías. Defendamos la libertad de investigación y la autonomía científica.