El Gobierno del Estado de Baja California, a través de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSCBC) y Hacienda, activó el fideicomiso para Policías del Estado a fin de que se brinden todos los beneficios sociales a los que es acreedora la familia de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Abigail Esparza Reyes, caída en cumplimiento de su deber el pasado 09 de abril del año en curso en la ciudad de Tijuana.
Al respecto, el General Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) informó que se tuvo contacto con familiares directos de la agente que dirigió la Comandancia de Enlace Internacional de la FESC en Zona Tijuana, a fin de dar comienzo a los trámites de solicitud para la liberación de los beneficios que se otorgarán a través de dicho fideicomiso.
Cabe destacar que el fideicomiso, anunciado en mayo de 2024, da una cobertura por gastos funerarios, un pago póstumo único por muerte, así como pensión por orfandad al 100%, becas para las hijas y los hijos, servicios médicos para los hijos hasta los 25 años de edad, en caso de que estén estudiando, adicional a ello se realiza el pago por fallecimiento del Plan de Beneficios Múltiples (65 meses sobre sueldo base gravable).
El Gobierno de Baja California y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC) siguen trabajando por brindar todas las garantías sociales a policías en el Estado y a sus familias, por ello el fideicomiso brinda pensiones y jubilaciones, apoyos sociales, apoyos por fallecimiento y demás que se establecen en la Ley del Sistema Estatal y en el Reglamento de Prestaciones de Seguridad Social de los miembros de la Fuerza Estatal.
Cabe destacar que el anuncio estatal se dio luego que una Asociación de policías Hermandad de Sangre Azul, denunció que funcionarios administrativos de la FESC se habían negado a efectuar pagos tras la muerte de la agente estatal agente estatal Abigail Esparza Reyes, jefa de Enlace de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).
En una carta abierta apuntaron que pese a la oficial murió en cumplimiento de su deber durante una intervención en Barcelona Residencial, los funcionarios del Estado se negaban a cubrir la totalidad de la indemnización correspondiente a sus gastos funerarios.