De acuerdo al dictamen número 24 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, el cual fue avalado con 22 a favor 3 en contra y 0 abstenciones, los ciudadanos Ricardo Iván Carpio Sánchez; Rafael Orozco Vargas y Alejandro López Reyes, cumplieron con las disposiciones de elegibilidad e idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.

En el mismo sentido, fue validado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), relativo a la entrevista de los aspirantes a Fiscal General del Estado contenidos en la terna remitida por la Gobernadora del Estado de Baja California, Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, otorgándoles un tiempo de 20 minutos para que lleven a cabo su presentación, seguido de dos rondas de preguntas y respuestas.

En este proceso los abogados presentaron sus generales, experiencia laboral, plan de trabajo y estrategias a implementar. Por otra parte, los legisladores abordaron aspectos referentes en materia de Procuración de Justicia; Combate a la Delincuencia; Igualdad Procesal: Investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; Reparación del daño a víctimas. Así como Coordinación entre instituciones; Violencia de género; Combate a la corrupción; Unidades especializadas; Búsqueda de personas y Justicia transicional.

Tras concluir este proceso de entrevistas se realizó la votación correspondiente por parte de los integrantes de la XXIV Legislatura, donde se expidió el nombramiento correspondiente a la persona designada para ocupar la Titularidad de la Fiscalía General del Estado, por el término de seis años, contados a partir del día de su designación.

Además, de conformidad al artículo 69 de la Constitución Política del Estado, la Fiscalía General del Estado será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, que tendrá a su cargo, la investigación y persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Así como el promover, proteger, respetar y garantizar los derechos al conocimiento de la verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.