Ya se ha denunciado un intento de privatización de 21 mil hectáreas del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. La amenaza fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, del 27 de enero de 2011. La Secretaría de la Reforma Agraria, SRA, publica su reconocimiento de un título primordial a nombre de la señora Rosario Rosas de Espinoza (†), otorgado por Porfirio Díaz en agosto de 1879, amparando 21 mil hectáreas en el corazón de esta área natural protegida.

La Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California, como administradora del Parque Nacional desde enero de 2004, ha estado siguiendo el caso, a partir de un punto de acuerdo presentado en el Senado de la República, por el entonces senador Fernando Castro Trenti. Para informar al senado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, revisó el caso y emite su opinión al respecto. Desde la Dirección Regional en La Paz, B.C.S., la unidad jurídica informa a su director de asuntos jurídicos, todo lo que los interesados en el tema ya sabemos.

Hace un reporte cronológico de todo aquello que se ha publicado en el DOF, desde 1923 a 1951, documentos que declaran y reconocen en su tiempo que el Parque Nacional consta de una superficie de casi 74 mil hectáreas. Que es propiedad de la Nación y de interés público. Qué cualquier derecho posesorio previo a su declaración queda anulado. Que en 1946 se publica un llamado a toda persona que haya resultado afectada con el deslinde para ubicar el Parque Nacional, otorgando un plazo de 30 días para demostrar su derecho e inversiones y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proceda a su indemnización.

Este informe es particularmente claro, al mencionar el ya famoso título del porfiriato y declara que quedó afectado al declararse área natural protegida esta superficie de 74 mil hectáreas, dentro de las cuales están las 21 mil que reclaman los sucesores de la señora Rosas de Espinoza. Hasta aquí, parece haberse conjurado la amenaza de privatización. Pero surge la duda. Si todos sabemos que cuando el gobierno expropia un predio por interés público, a lo único que tienen derecho los propietarios legales, es a una indemnización, es decir al pago del bien y sus instalaciones previo avalúo, ¿entonces por qué la SRA publicó y reconoció en el DOF la existencia de una propiedad privada dentro del Parque Nacional, si técnicamente no puede haberla?

¿Por qué el Departamento Jurídico de la SRA, plena de abogados, no detuvo esa publicación, a sabiendas que desde hace 66 años prescribió todo derecho para reclamar? El caso más bien parece un intento bien orquestado desde las cúpulas de decisión, para intentar arrebatar a los bajacalifornianos un tercio del mayor pulmón del Estado. Un “haber si pega”. Personal del Parque me informó que cuando llegaron los topógrafos de la SRA, antes de proceder a deslindar el polígono del Parque, deslindaron las supuestas 21 mil hectáreas de los sucesores de Rosas de Espinoza. ¿Qué interés y por orden de quién los llevó a satisfacer primero al interés privado que al interés público al que sirven?

Y nos preguntamos, si el reconocimiento de la SRA de esta propiedad privada dentro del actual Parque Nacional fue publicado en el DOF, ¿qué valor pueden tener estos oficios informativos y aclaratorios que serán seguramente archivados o desaparecidos?

Los bajacalifornianos exigimos que la autoridad competente, sea la CONAMP, SEMARNAT o SRA, publique en el DOF, un acuerdo que cancele el del 27 de enero de 2011 y reconfirme que el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, consta de 74 mil hectáreas y que se desconoce cualquier reclamo de propiedad privada dentro de él. Es lo menos que debe hacer el gobierno federal para asegurar que definitivamente nuestro pulmón natural se encuentra sano y libre de la amenaza del cáncer de la privatización.

Alberto Tapia Landeros es Profesor-investigador del IICMuseo, UABC. altapialanderos@gmail.com