Por otro lado, el pasado 8 de marzo, en el marco de las “celebraciones” del día internacional de la mujer, el presidente de la república se vio obligado a aprobar una política de “cero rechazo” a las mujeres embarazadas o en labor de parto que asistan a las clínicas de asistencia pública, aun si no son derechohabientes.

Dicha propuesta descansa en el hecho de que en Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Chihuahua se han registrado casos de mujeres que dan a luz en los patios de los hospitales mientras esperan ser atendidas. Esto da como consecuencia obvias complicaciones tanto para la madre como para el producto, donde la más extrema y común es la muerte de uno o ambos. Estos casos se han dado mayoritariamente con mujeres indígenas, lo que deja entrever la discriminación y que todos los esfuerzos de los organismos que trabajan en su prevención, han sido insuficientes.

Además de esto, se pone de manifiesto que el sobrecupo y falta de personal de los organismos de salud está cada vez más fuera de control, y no es precisamente porque no haya recursos materiales o humanos para compensar esas necesidades.

Sea como sea, la situación es que la discriminación hacia la mujer, especialmente siendo indígena, sigue siendo un tema importante en nuestro país. Especialmente porque los usos y costumbres del mismo la promueven al grado de que no cuestionamos por qué las mestizas tenemos prioridad en nuestra atención médica o por qué las indígenas tienen que pasar por debajo o detrás del hombre, de su familia y del sistema en general, y estar en el último eslabón de la sociedad.

Siendo así, estas personas sufren atropellos de diferente índole, que van desde la formación en la completa ignorancia (lo que las hace susceptibles a todos los abusos posibles), la pobreza extrema de la que es cada vez más difícil salir, y que las hace blanco fácil para convertirse en parte de fraudes o crímenes que le devuelven a la sociedad lo que produce: pérdida económica, prostitución y muerte, entre otras cosas.

Obviamente no podemos cambiar todo el sistema con un solo movimiento, como promover la política del “cero rechazo”, ya que esto pondrá en mayor evidencia la ineficiencia de otros sistemas e ideas. Sin embargo, es un principio para que empecemos a darnos cuenta de que los acuerdos tienen caducidad, y por tanto los usos y costumbres deben ser también cambiados por otros que vayan siendo más aplicables a la época y a las personas que viven en este momento en una comunidad.

En el caso de Roxana, la noticia no deja entrever las razones de su separación, ni de su unión en primer lugar. Sin embargo, parece obsoleto no tomar en consideración que la joven cuenta con catorce años de edad y poco puede hacer para pagar la multa que ahora la tiene en la cárcel, probablemente después de sufrir algún tipo de abuso por parte de su pareja.

La invitación consiste en contestarnos internamente cómo le hacemos para discriminar a las personas, y empezar a promover un cambio de hábitos en las palabras que usamos para referirnos a ellas o las cosas que hacemos para ayudarlas o ignorarlas.