El pasado viernes 12 de junio se dio a conocer por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el histórico avance donde ya consta de forma legal y oficial que impedir el matrimonio a las personas homosexuales es anticonstitucional, interpretando que si el fin de esta unión es la procreación también se discriminaría a las personas heterosexuales que se casan por otras razones o que deciden no tener hijos.

Esta noticia fue seguida unos días después por la de que La Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual en todo el país, forzando a 14 de sus estados a adaptarse a la encomienda dos años después de que se decretara que el matrimonio no es exclusivo de las personas heterosexuales.

En México, este comunicado abrió la puerta para que en todas las entidades se reconozca el matrimonio igualitario, protegiendo y visibilizando así los derechos fundamentales de todas las personas y es un paso para construir una sociedad justa. Ya las resoluciones y disposiciones legales están siendo aceptadas por ISSSTE, IMSS y otras instituciones para asegurar la igualdad de trato y oportunidades a sus derechohabientes, familiares y cónyuges.

Desde luego, las reacciones dentro y fuera del país no se han hecho esperar, siendo tan diversas que van desde la celebración en los círculos LGBTTTI y personas allegadas, hasta la amenaza por parte de funcionarios religiosos que van desde la condena hasta la amenaza de protestar de formas que ponen en riesgo su vida e incluso la de la ciudadanía homosexual por medio de un repunte de actos homofóbicos.

Afortunadamente, la laicidad del Estado también está siendo exigida para impedir que eventualmente las autoridades religiosas se entorpezcan la construcción de las normas civiles sobre el tema aunque el Vaticano haya declarado que “toda persona, independientemente de su tendencia sexual, debe ser respetada en su dignidad y tratada con sensibilidad y cuidado, no sin antes precisar que las familias y el eventual miembro homosexual de la misma deben ser acompañados por la diócesis a la que pertenecen”.

Frente a la situación, la Procuraduría General de la República está proponiendo poner en práctica acciones obligatorias para brindar atención a las víctimas de la comunidad LGBTTTI que sufran afectaciones en su integridad emocional o física en virtud de sus características sexuales.

Entre las cosas que se proponen, el personal adscrito a la PGR está obligado a respetar el género con el que se asume la persona y garantizar la confidencialidad del mismo, tomar en cuenta la vulnerabilidad de la persona, así como que puede existir un vínculo entre la discriminación por la preferencia o identidad de género y la ejecución de los derechos. También se les proporcionará un glosario especializado a los funcionarios y las funcionarias para que tengan conocimiento de los diferentes términos que engloba la diversidad sexual. El alcance de este protocolo es que se podrá sancionar a quien incurra en conductas violentas, discriminatorias y revictimizadoras al interior del organismo de justicia. Recordemos que sin poder garantizar los derechos a la vida, la libertad de

expresión y a la justicia, poco se puede hacer por otros más específicos. Desde luego entre la aprobación de una ley y su aplicación correcta, hay mucha diferencia.

“No hay libertad política si no hay libertad sexual. Nadie es libre hasta que lo seamos todas y todos” fue la consigna con la que el Comité Organizador de la XXXVII Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual llevada a cabo el pasado sábado 27 de junio en el Distrito Federal. En ella se exhortó a los distintos niveles de gobierno a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en todos los sectores de la población, incluyendo los que son sexualmente disidentes.

Si bien ahora es anticonstitucional impedir el matrimonio a las personas, falta garantizar medidas para disminuir y eventualmente acabar con los transfeminicidios (asesinato de personas que nacen de sexo masculino y desean cambiar su sexo y/o género al femenino) y nombrar correctamente a todos los delitos que hoy se consideran como “pasionales”, categoría que encierra discriminación, ambigüedad y dificulta la visibilización de las verdaderas circunstancias en que se llevan a cabo.

Además, cabe mencionar que queda mucho trabajo por hacer en materia de educación de la sexualidad en lo concerniente al respeto de la diversidad sexual, la prevención de actos y delitos homofóbicos y transfóbicos, la prevención de situaciones de riesgo sexual y el reforzamiento de las prácticas de sexo seguro y protegido dentro y fuera de la comunidad LGBTTTI.