Los argumentos de los regidores que se oponen al incremento, de 10 a 13 pesos, terminan por volverse frágiles. Endebles. Se trata, en la mayoría de los casos, de posturas simplistas, populacheras. Le temen al cuestionamiento, al reclamo. Por eso se van por la ruta más fácil.

Argumentan que el incremento sería lesivo para las clases populares y que las empresas que ofertan el servicio de transporte público aquí no han cumplido con los acuerdos pactados tendientes a modernizar su flotilla de unidades.

Y de ahí se agarran. De eso se sostienen.

Se trata pues de oponerse por oponerse. Solo eso.

Argumentar que un incremento a las tarifas del trasporte urbano afectará a los sectores mas lastimados de la sociedad no es descubrir el hilo negro ni el agua hervida. Todo incremento a productos y servicios, más si estos son de consumo básico, golpean el bolsillo de las clases populares.

Nada nuevo pues.

Argumentar que los transportistas han incumplido con los acuerdos de modernización de sus unidades es una verdad a medias. Cierto es que los empresarios del sector no ofrecen un servicio de “primera”, pero también es un hecho que en los meses recientes han hecho esfuerzos por adquirir nuevas unidades. Sí, esas que ya se ven circulando por la ciudad.

Los regidores, los que apoyan el incremento como aquellos que lo rechazan, saben perfectamente que las condiciones están dadas para aumentar las tarifas. El alza en los combustibles y en las refacciones, motivos más que suficientes.

Y si a eso se le agrega el estado lastimoso en que se encuentran cientos de calles y avenidas, resulta incongruente que ediles demanden unidades nuevas para circular en una ciudad que no está a la altura de sus exigencias.

Enarbolar la bandera de los más “desprotegidos” vende. Vende sí, pero no como antes. Y no como antes porque los aparentes defensores de las causas justas son, con algunas excepciones, insensibles del sentir popular.

Ahí está por ejemplo el comodato mensual por más de 10 mil pesos que recibe cada uno de los regidores por utilizar sus vehículos particulares en sus actividades.

Sí. Además de un sueldo que casi se acerca a los 50 mil pesos, los ediles estiran la mano para recibir ese comodato vehicular sin importar que el gobierno municipal enfrente severas complicaciones financieras.

Hasta la fecha solo el regidor Cristian Vázquez se ha comprometido a destinar el importe de ese comodato a organizaciones sociales que encaminan beneficios a sectores desprotegidos. Del resto nada.

Su defensa por las “causas populares” es de la boca para afuera, de su bolsillo para afuera.

Juegan, pues, a quedar bien. A curarse en salud, como se dice de manera coloquial.

El tema del incremento a las tarifas del transporte público debe asumirlo una entidad distinta al cabildo. Un organismo que no se mueva por intereses políticos o económicos.

Un organismo que otorgue asientos a representantes del IMIP, de la Unidad Municipal del Transporte, de organizaciones empresariales, de universidades y, por supuesto, a usuarios.

Un organismo colegiado que trabaje con el único objetivo de tomas las decisiones que más se encaminen al fortalecimiento de un sector crucial para la vida de toda ciudad en desarrollo, como es el caso de Ensenada.

Mientras sea el cabildo quien asuma tal responsabilidad, los intereses económicos y políticos continuaran imponiéndose.

Y mientras eso ocurra no faltaran los falsos redentores de vestiduras rasgadas, los paladines del dobles discurso y de escuálida calidad moral.