La semana pasada la comunidad bajacaliforniana se indignó por la aparición pública de sus datos personales en un sitio web y no tardó mucho en saberse que todo provenía del padrón electoral de 2013. Ante el escándalo las autoridades entraron al tema y finalmente el sitio fue dado de baja, pero esto sólo fue el descubrimiento de la punta del iceberg.

Los programadores del sitio en cuestión lograron enlazar los campos de domicilio con Google Maps, para poder mostrar a cualquier persona la ubicación exacta de cada ciudadano, lo que aportó un toque que puede poner paranoico a cualquiera.

En el tema entraron el instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, aunque legalmente, quien tiene facultades en el tema de la protección de los datos es la Procuraduría Federal para la Defensa del Consumidor.

El caso es que haber cerrado la puerta de exhibición de los datos en nada logra resarcir la filtración de los mismos, pues resulta imposible determinar cuantas copias se hicieron de los mismos o si estos se emplearán en otras plataformas de acceso privado, con las finalidades más diversas que usted pueda imaginar.

Por eso las declaraciones del consejero del INE Antonio Baños pueden calificarse como algo ingenuas. Afirmar que al dejar de estar expuestos los datos desparece la vulnerabilidad es simplemente acallar las molestias que pusieron en evidencia el problema.

De acuerdo a la hemeroteca digital de El Universal, en este año ya se habían detectado filtraciones similares: en abril la totalidad del padrón nacional del INE y de esto se responsabilizó al partido Movimiento Ciudadano. En mayo la fuga fue en Sinaloa.

Estas son sólo las conocidas... apenas la punta de un iceberg donde las instituciones, con todo y su condición ciudadana, demuestran que no tienen la menor idea sobre como mantener la seguridad de los datos y tampoco sobre como perseguir a los responsables.