El silencio de las autoridades estatales para informar sobre el perfil de los ensenadenses contagiados de COVID-19, ha sido cuna de muchas interrogantes.
Silencio que ha sido camino amplio para la especulación , pero también para la preocupación.
Y no es para menos.
No hay justificación para que la autoridad no precise datos importantes sobre el perfil de los enfermos.
Por ejemplo sus edades, sus áreas de residencia, su ocupación laboral o profesional, sus círculos sociales.
Por supuestos que no se trata de ventilar públicamente las identidades de las personas contagiadas de la enfermedad que causa el coronavirus. Nada que ver.
Solo alguien con un cerebro desajustado podría reclamar tal cosa.
Simplemente se trata de conocer por dónde camina el virus y qué sector social es el más afectado.
Pero no hubo necesidad de reflexionar mucho sobre el porqué del silencio oficial.
El caso ICU Medical terminó por evidenciar los motivos. Los desnudo.
Simplemente no hay coordinación entre las áreas de gobierno responsables de atender la pandemia. Y cuando no hay coordinación el silencio es una de las consecuencias.
Todavía este miércoles la Secretaria del Trabajo desconocía si había casos confirmados de COVID-19 en la empresa ICU Medical.
Que cruzarían datos con el IMSS para fijar un posicionamiento al respecto, dijeron funcionarios federales.
Empleados de la fábrica denunciaron semanas atrás, que varios de sus compañeros presentaban síntomas evidentes de la enfermedad que causa el coronavirus.
Eso denunciaron semanas atrás, pero a principio de la actual ya fueron más precisos para asegurar había contagios y que estos sumaban más de 10.
La empresa lo aceptaría después.
Los obreros acusan falta de medidas de prevención al interior de su fuente de trabajo y en donde se involucran cientos de personas. Es de alto riesgo el problema.
Pero en la Secretaría del Trabajo tenían hasta este miércoles solo reportes de los quejas obreras en las redes sociales; nada formal sobre sus escritorios.
Los trabajadores de ICU Medical contagiados de COVID-19 están afiliados, se supone, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si están afiliados entonces esa instancia les brinda la atención médica.
Y si el IMSS tiene información de que un número importante de empleados de esa fábrica están contagiado y que los atiende, lo correcto es dar cuenta a la Secretaria del Trabajo y otras áreas de gobierno involucradas del brote epidémico para las acciones que correspondan.
Pero no.
Hasta este miércoles ese vínculo de coordinación no existía.
Fue el gobernador Jaime Bonilla, quien reconoció la mañana del jueves lo que empleados de la fábrica tenían semanas denunciando.
Y ahora?
Qué más le falta a este silencio?