Daños que pudieran ser causados a Ranchos atuneros por la instalación de plantas regasificadoras en las Costas de Baja California, serán dirimidos bajo las reglas que marca la misma ley y que establece responsabilidades a las autoridades indicó el Presidente de la Canaipesca Andrés Armenta González.
En primer término indicó que los permisos otorgados por las distintas secretarías y dependencias gubernamentales serán revisados por el Congreso del Estado.
Este ha llamado a cuentas a las autoridades del estado y el municipio que dieron permisos para que expliquen, porque los dieron y en función de que ya que incluso se otorgó el visto bueno de manifiestos de impacto ambiental, que se presume pudieran no estar en orden.
Aunado a esto, los productores de aleta azul, uno de los sectores productivos más exitosos a la fecha en Ensenada saben que hay nuevas leyes que prevén que si hay un daño patrimonial, del gobierno o alguien mas éste debe hacerse responsable y cubierto el mismo.
Asimismo existe otro principio, el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento
Armenta agregó que no se tomarán armas para hacer una revolución contra actos de gobierno dentro o fuera de la ley, simplemente se hará ver la inconformidad por los cauces legales que permite el marco de derecho en que se quiere vivir.
Se trata en este caso de defenderse de un acto de gobierno que no puede vulnerar el estado de derecho como pretende hacerlo.
Esto se llevará por la vía legal, sin manifestaciones, ni enfrentamientos el amparo de distintas leyes que están por encima de estas disposiciones.
Armenta agregó que cada día es más lejana la posibilidad de que se instalen las regasificadoras porque no tienen resuelto nada, por mas que tengan permisos, ya que ambas enfrentan muchos pleitos judiciales de por medio.
Agregó que la Canaipesca y los productores de los Ranchos no están en contra de las plantas regasificadoras, aunque no son convenientes, son necesarias pero al sur del municipio, donde sus inversiones pueden sumarse al desarrollo de infraestructura que se pudiera hacer conjunta con el gobierno para optimizar recursos.