Durante su primera visita a Ensenada como Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó y firmó un decreto para la derogación del impuesto del 4.5 por ciento que se implementaba a los vinos bajacalifornianos en el Valle de Guadalupe.
Ávila Olmeda, se reunió con vinicultores del Valle de Guadalupe en un reconocido hotel de Ensenada, con el fin de dialogar sobre el futuro cercano de dicha región, en lo que es su primera aparición como Jefa del Ejecutivo, un acto al que no asistió el Presidente Municipal Armado Ayala.
En el evento, la mandataria estatal señaló que la firma del decreto es uno de la serie de compromisos que se deben de cumplir y que tras ser recibida por el Secretario General de Gobierno, se espera se publique el próximo lunes.
En su intervención afirmó que es necesario generar una reconciliación entre el gobierno y los empresarios, sobre todo en los tiempos de una pandemia que no ha culminado, ya que son los sectores turísticos y de servicios gastronómicos como los de esta región vinicultora los que han sufrido un fuerte impacto económico negativo.
Santiago Cosío Pando, director de Provino Ensenada, subrayó peticiones que son necesarias para la permanecía a futuro de un valle productor de vino, entre las que destacó la integración de un embajador del vino que funja como contacto directo entre gobierno y empresarios.
Cosío Pando, pidió la intervención de la gobernadora para que mediante la dependencia correspondiente se analicen los desarrollos de vivienda en el valle, para que estos no interrumpan las actividades principales del Valle de Guadalupe que debe de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, paisaje, actividad vitivinícola y agrícola.
De igual manera, le recordó a la gobernadora la importancia de implementar un programa para la recolección de aguas tratadas de los diferentes municipios con el objetivo de reutilizar el líquido en los campos agrícolas del Valle de Guadalupe para lograr enfrentar la sequía que se avecina.
Por su parte, la jefa del ejecutivo manifestó que se atenderán todas las peticiones de los productores agrícolas y que van a trabajar para que el valle sea un espacio que se conserve por sus productos y valor cultural, por lo que no van a permitir que se convierta en el antro más grande de Ensenada.
Las palabras de la gobernadora contraponen el discurso enviado por el presidente Municipal Armando Ayala Robles, quien pidió a los comercios del Valle de Guadalupe paguen supuestos adeudos que podrían ascender los 20 millones de pesos, para lo que tienen un plazo de noventa días.
Natalia Badam, productora de vinos en la región, añadió que la regularización corresponde a un trámite administrativo, sin embargo los gobiernos deben de trabajar para promover políticas públicas que garanticen la permanencia del Valle de Guadalupe por mucho tiempo más.
Se estima que de implementar el programa para la recolección de aguas tratadas de los municipios se podría garantizar el abasto del vital líquido por al menos 50 años más, lo que permitiría conservar un valle vitivinícola y agrícola activo, finalizó Santiago Cosió Pando.