La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado, Mónica Juliana Vega Aguirre, recordó que los MIAs están contenidos en la norma jurídica tanto federal como estatal, destacando que la fracción XVII del Artículo 8 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California establece que una atribución de la Secretaría es:

“Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar condicionalmente o negar la realización de planes, programas, proyectos, obras y actividades y suspender temporalmente aquellos que se realicen sin contar con la autorización correspondiente”.

Puntualizó que el Artículo 42 del mismo ordenamiento legal dispone que se establece que el MIA es requerido en el caso de obras o actividades que pretendan realizarse fuera de los límites de los centros de población, así como aquellas que se ubiquen dentro de áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal. Entre esos proyectos destacan planas agroindustriales y fraccionamientos habitacionales.

“El MIA no es sólo un trámite, también es un instrumento de política ambiental, mediante el cual se busca proteger el derecho humano y universal a un medio ambiente sano, mismo que está consagrado en la Constitución”, dijo Vega Aguirre, quien agregó que los empresarios del Valle de Guadalupe cuentan con un plazo de tres meses para tramitarlo, en caso de que aún no lo hayan hecho.

Entre los elementos que tienen que tener un MIA es la ubicación o descripción de la obra u actividad; el monitoreo de los impactos ambientales, así como las estrategias de prevención y mitigación; las materias primas, productos o subproductos; las emisiones a la atmósfera y tratamiento de aguas residuales, el manejo de residuos entre otros importantes requerimientos.

Junto al documento, los interesados deberán presentar un acta constitutiva de la empresa, el RFC que ampre la actividad solicitada, un documento que acredite al apoderado legal, la identificación oficial del signatario y la acreditación del legal uso del predio.

En ese sentido, Vega Aguirre reafirmó la importancia de que no se compren inmuebles que no cuenten con el MIA en el Valle de Guadalupe, ya que de hacerlo se violentan las normas vigentes en la materia y se arriesgan las potenciales inversiones.

Finalmente, resaltó la importancia de preservar al Valle de Guadalupe como parte de la raíz de nuestra entidad, así como de mantener un microclima que propicia el cultivo de la vid y la producción de vino, uno de los productos más importantes comercial, económica y culturalmente para el Estado de Baja California.