Durante el evento se plantearon dos temas que han sido un problema constante para quienes forman parte de dicha comunidad, en primer lugar solicitaron al gobierno que reactive el programa de trasplantes de órganos en Baja California, mientras que también pidieron que se suministren los medicamentos necesario para conservar un órgano trasplantado sano.

Roxana Castillo, Psicóloga de la salud y voluntaria en la fundación pro trasplante B.C: detalló que desde a raíz de la pandemia surgieron complicaciones en el sistema de salud estatal para mantener vigente el programa de trasplante de órganos, solo una persona en los últimos dos años logró ser atendida.

Señaló que a esto se suma el cambio de gobierno ya que desde la llegada de Marina del Pilar Ávila Olmeda no han sabido nada sobre una posible reapertura para que más pacientes que incluso cuentan con un donador vivo sean llamados y atendidos para poder recibir un nuevo riñón.

Cabe destacar que en Baja California solo los Hospitales Generales de Tijuana y Mexicali cuentan con la licencia que les permite realizar operaciones para el trasplante de órganos, mientras que Ensenada solo puede procurar los órganos para entregarlos a estas dos unidades médicas, puntualizó.

La Psicóloga de la Salud, declaró que, a pesar de que en la entidad no se cuentan con datos exactos para conocer la cantidad de personas que se encuentran en una lista de espera, solo el año pasado recibieron a 88 pacientes que requerían de un trasplante, mientras que realizaron más de 120 asesorías para personas de diferentes partes del mundo.

Por otro lado, quienes no logran acceder a un trasplante por medio de una institución pública y cuentan con un donante vivo han logrado ser atendidos mediante la iniciativa médica privada, sin embargo el número es muy bajo ya que los costos son elevados, en el último año solo dos personas fueron atendidas, aseguró.

Es el caso de Jorge Arturo Anguiano Salgado de 49 años de edad, quien hace cinco meses recibió un nuevo riñón donado por su esposa que resultó ser compatible, resaltó que a pesar de contar con seguro social por parte del IMSS la operación se tuvo que realizar en una institución privada.

“Gracias a Dios mi esposa salió compatible y ella fue la que me donó el riñón, el problema está que se vino la pandemia a mí me diagnosticaron que ya no tenía función renal en julio de 2020, inicié con un proceso de hemodiálisis a partir de esa fecha y duré un año tres meses en hemodiálisis” añadió.

De igual manera, Marisol Hernández Flores de 36 años de edad, recibió una donación de riñón por parte de su hermana, el trasplante de órgano se realizó hace cuatro meses y al igual que Jorge Arturo se tuvo que realizar por parte de una institución médica privada debido a que los programas en las instituciones públicas se encuentran inactivos, refirió.

“Fue por parte de instituciones privadas porque por parte de instituciones públicas en el tiempo que yo me quería trasplantar estaba todo parado y más por lo del covid y más porque comúnmente en el IMSS y en el hospital general son trámites muy tardados” resaltó.

En el caso de Arturo y Marisol, ambos coincidieron en sus declaraciones sobre el desabasto de medicamentos ya que como señalaron una vez que se recibe el órgano se debe de someter a un tratamiento a base de inmunosupresores para alargar el mayor tiempo posible la vida del órgano.

Enfatizaron que tanto en los hospitales generales como en las instituciones afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido difícil conseguir estos insumos médicos que requieren para mantener una vida saludable e incluso deben de trasladarse a otros municipios para ver si hay en existencia.

Resaltaron que el gasto promedio mensual para una persona que cuenta con un riñón trasplantado y que no logra conseguir los medicamentos en una institución pública, puede ascender a los 25 mil pesos mensuales a esto se le agrega que el tratamiento se debe de llevar de manera permanente.