Los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Sonora Alfonso Durazo Montaño, reconocieron la necesidad de establecer un vínculo de participación conjunta, con el fin de compartir información en materia de seguridad ciudadana, así como de homologar procesos para facilitar la coordinación.

El Convenio de Coordinación y Colaboración Interestatal para el Intercambio de Información en Materia de Seguridad Pública permitirá, entre otros objetivos, contener y abatir los índices de violencia, disminuir los ataques armados entre grupos delictivos que se desarrollan en los límites o a través de dichas entidades federativas y prevenir o disuadir la probable comisión de hechos delictivos.

El esfuerzo conjunto de los Gobernadores compromete a ampliar el uso de tecnologías de información, para colocar arcos carreteros en las entradas limítrofes entre dichas entidades federativas, lo que potenciará las tareas de inteligencia regional.

Adicionalmente, coincidieron en la necesidad de mejorar los esquemas de capacitación y profesionalización a través del fortalecimiento de planes y programas de formación de las fuerzas policiales, alineados al Sistema Nacional de Seguridad y de la mano de las Fuerzas Armadas.

De igual forma, se brindará una mayor atención, en el marco de las políticas públicas de cada entidad, a los delitos cometidos en contra de las mujeres, en aras de crear un espacio seguro y de resguardo a sus derechos.

En el evento, reconocieron colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) que, en el marco constitucional en profesionalizar y mejorar tareas de seguridad pública en el país.

Los ciudadanos demandan de los gobiernos mayor y mejor seguridad. En consecuencia, reconocieron la voluntad política de los Estados representados, en apego a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en concordancia con la estrategia de seguridad del gobierno federal, para sumar esfuerzos para abatir los índices delictivos en la región.

Con la firma de este instrumento jurídico, los Estados del Pacífico actuarán coordinados para edificar una nueva etapa de paz y seguridad en nuestros territorios y en toda la región.