La semana pasada le planteamos: ¿Está usted de acuerdo en que sea el Gobierno Federal quien pague (con dinero público) las fianzas de los jornaleros detenidos por vandalismo? El 86 por ciento nos dice que no. Gracias a todos por expresar su opinión.
El dato sorprende por el cúmulo de manifestaciones de simpatía que se dejaron sentir especialmente en redes sociales... por un momento se pensó que todo lo que estuviese a favor de los jornaleros del valle de San Quintín gozaría de amplia aceptación por parte de la comunidad.
Desde el primer bloqueo de la carretera a la fecha han sucedido cosas importantes: el descubrimiento de agitadores provenientes de otras partes del país, las agresiones a vecinos de San Quintín que nada tienen que ver con la actividad agrícola o el gobierno, los rumores esparcidos sobre muertos y desaparecidos de los que ingenuamente hizo eco la prensa nacional.
Los líderes del movimiento leyeron bien esta situación, quizá por este motivo sus conferencias de prensa son lo más lejos posible del valle, donde los periodistas que acuden sólo se pueden quedar con su versión ante el desconocimiento del problema y de la zona de conflicto.
La conclusión queda cada vez más clara: las demandas pueden ser legítimas pero están escogiendo los peores métodos para hacerlas valer y en este río revuelto, los que tienen más por perder definitivamente son ellos.