Parece una respuesta lógica... si la droga se convierte en legal, debe tener un impuesto alto para que ese dinero, al menos en teoría, se destine de forma directa a la prevención de las adicciones y a ofrecer tratamientos de rehabilitación.

Valdría la pena observar lo sucedido en México durante el último incremento drástico al tabaco. Fueron sólo siete pesos por cajetilla y entró en vigor el primer minuto del 2011. El resultado fue que el mercado nacional se vio inundado de mercancía ilegal procedente de China y de Vietnam. En su momento se calculó un incremento del 2 al 17 por ciento en el volumen de consumo de estos productos.

Se calcula que anualmente ingresan a México más de 300 millones de cajetillas producidas sin control sanitario y al desplazar al mercado legal, provoca pérdidas en recaudación que alcanzan los seis mil millones de pesos tan sólo en el Impuesto especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Durante décadas, millones de consumidores han comprado lo que se vende en las calles, sin más mercadotecnia o control sanitario que la palabra del vendedor. ¿Porqué debería ser distinto en esta ocasión y a un precio más alto?

¿Frenaría en algo el tráfico ilegal de drogas (que ya es delito federal) si se agrega la evasión de impuestos?

Pensar que en México podrían suceder cosas como las que se dan en Europa, no solo en este tema, no deja de ser un sueño muy lejano, en tanto los niveles de corrupción e impunidad se mantengan como están ahora.