El asunto de las invasiones no es el único en que reprueba la PGJE, sin duda hay muchos otros, sin embargo la cantidad de problemas de orden social, económico y hasta de salud pública que se desencadenan, debería ser suficiente para poner una alerta roja al Gobernador del Estado.

Parece que están lejos los tiempos en que líderes populares organizaban a una turba para irrumpir en un predio y levantar de la noche a la mañana un enorme campamento, apostando a que el paso de los años se encargara de darles servicios públicos, pavimento y hasta escrituras de la propiedad.

Hoy, estos grupos aprovechan la coyuntura económica que afecta a desarrolladores inmobiliarios, que después de hacer una inversión y ya con el producto terminado, deben sortear el problema de la comercialización, los créditos, el Infonavit, las udis, los bancos y un complicado etcétera que mantiene las viviendas en un desafortunado estado de espera.

La forma actual de la invasión involucra solo un elemento: que el invasor quiera apropiarse de lo que no es suyo. Una vez dentro de la propiedad ajena parece no haber poder legal capaz de poner orden, porque a pesar de que las denuncias se presenten en tiempo y forma, los expedientes sólo sirven para engrosar la estadística de asuntos no resueltos.