El director de CESPE Carlos Loyola Peterson declaró ante el grupo Foro de Ensenada, que el endeudamiento actual de la paraestatal es de 600 millones de pesos, lo que le genera tener cero capacidad crediticia, sin embargo ya enfrenta fuertes adeudos tanto por concepto de ISSSTECALI, la CFE, al flujo inverso, entre otros conceptos.

Para el 2019, se requería un presupuesto de 837 millones de pesos, que era una cantidad ajustada pero responsable, que no fue autorizado, quedando dicho presupuesto en 560 millones de pesos, cantidad insuficiente para hacer frente a los retos de la paraestatal.

Loyola dijo que el déficit en todo caso es de 165 millones de pesos, en operaciones, aspecto que condenará a la población al desabasto, al haber ya una nula capacidad para hacer en estos momentos reparaciones, adquisición de equipo, que afectará diversos compromisos entre estos la energía eléctrica.

Según Loyola, de no revertirse con una reconsideración por parte del Congreso de Baja California a las tarifas para la paraestatal el impacto empezará a hacer crisis a partir de febrero próximo, y si bien la paraestatal tratará de soportar la carga del déficit lo más posible, en momento determinado comenzará a afectar a la comunidad.

Con este escenario, según el funcionario se perderá el avance que se había conseguido y donde supuestamente en dos años se había logrado mejorar en un 90 por ciento el servicio de abasto a la ciudad.

Dio ejemplo de algunas reparaciones que se han requerido para sistemas de reparación, en donde ya en estos momentos no han tenido los recursos económicos para la adquisición de los equipos necesarios para reanudar el servicio de agua, con efectos directos para los ciudadanos en las zonas donde se registraron los desperfectos.

El problema principal, es que se perderá el avance que ha tenido Ensenada en donde se logró reducir de manera importante el déficit en el abasto del servicio, lo que de acuerdo al funcionario se perderá por falta de recursos económicos.

En su intervención apuntó que ya no es posible cargar el peso de las tarifas al sector comercial e industrial, que ya pagan las más altas de todo el país, por lo que urgió a que se aumente el costo del servicio doméstico, una medida que aunque impopular es necesaria.

Loyola insistió en que un sondeo realizado por ellos con la población, (sin precisar cuándo, cómo, dónde y el número de la muestra) sí está dispuesta a pagar más por concepto de agua a cambio de que no se reduzca la efectividad del servicio y un 90 por ciento están de acuerdo.

‘Nadie quiere el desabasto en el servicio y aunque se pueda considerar como mucho un planteamiento de aumento a las tarifas que pueda llegar hasta un 70 por ciento, es peor no tenerla o comprarla por tibores”.

Agregó que a esto se suma la incapacidad financiera para emprender planes de desarrollo en materia de agua potable, y se puede perder la capacidad para nuevas fuentes de abasto a mediano y largo plazo, como lo es gestionar un acueducto o desaladora.

Incluso declaró que los efectos se registrarán en la atención de fugas, al deberse invertir en refacciones, tubería, personal, gasolina, y el pago de tiempo extra, porque las tarifas de agua que se cobran para Ensenada, han presentado una pérdida de valor durante los últimos 10 años.

Explicó que el 90 por ciento de los usuarios, se les expide un recibo inferior al costo real, sin embargo, no hay legislación que sancione los desperdicios del líquido, o el robo del mismo, aspecto que no está tipificado.

Aunque hoy en día está de moda sancionar para quienes extraigan gasolina o pongan diablitos en sus casas, no es el mismo criterio con el agua, al no haber legislador que haya tenido la iniciativa de plantear el penalizar el robo de este líquido.

Dijo que hay alrededor de 70 millones de pesos, de adeudo de gente que no paga el agua. El problema es tal, que alrededor de 6 de cada 10 personas no pagan este servicio.

Por otra parte, Loyola Peterson aceptó que cerca de 400 millones de pesos, son los que se requieren para la reparación de tuberías necesarias para la ciudad. Aceptó que hay zonas donde urgen reparaciones.

Sobre el llamado socavón que se registró hace una semana en la calle Pedro Loyola, manifestó que se generó por el fallo de una tubería de aguas negras, de 30 pulgadas de diámetro con 25 años de antigüedad que reventó a presión. Esta línea se dirige a la planta de tratamiento de El Naranjo. Negó de manera tajante que tenga relación con la planta desaladora.

Aceptó existen otros puntos considerados por especialistas de CESPE, como críticos, como es la zona centro que tiene tuberías con entre 40 a 50 años de antigüedad, la calle Segunda, las líneas que se dirigen a los cárcamos en Playa Ensenada, que aceptó en cualquier momento pueden colapsar. De hecho ya están trabajando sobre la calle Segunda.

Además en la calle Blancarte, hay dos cuadras, donde ya no hay tubo abajo y se va a colapsar. En ese lugar, no hay opción se debe instalar la tubería, pero costará un millón de pesos el hacerlo y en estos momento carecen del recurso económico para emprender dicha obra.