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Los pelos de la mula... usted disculpe

Nota publicada el 15 de abril de 2002
por Elizabeth Vargas

La mañana del miércoles 10 de abril, 41 agentes policiacos fueron trasladados por la fuerza a la ciudad de México luego de un impresionante operativo militar efectuado en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía.

En medio de insultos, golpes y culatazos los agentes fueron sometidos por la fuerza. Nadie se salvó... todos fueron tirados al piso, acostados boca abajo y encañonados con un arma en la cabeza.

Se separaron varios grupos y se eligieron 41 agentes de las policías ministeriales y municipales de Baja California, por presuntos nexos con el Cártel de los Arellano Félix y la presunta protección que estos brindaban a los miembros del crímen organizado.

Luego fueron trasladados de Tecate al aeropuerto a la base aérea militar y en medio de un fuerte operativo llevados hasta la Ciudad de México.

24 horas después de estos hechos nadie sabía cuales eran los cargos que se les imputaban, nadie sabía porque habían sido detenidos y al mediodía, en una Conferencia de Prensa en el DF, el Subprocurador de la PGR aseguraba que tenían elementos suficientes que señalaba a todos estos policías como protectores de narcos.

El festín de la prensa no se dejó esperar, en las primeras planas de los medios impresos y electrónicos, el operativo y la caída de los jefes policiacos era la nota y con esto, el término presunto se dejó de lado. Se dijo: ellos son.

En Ensenada dos de los jefes policiacos fueron trasladados a la Ciudad de México, Ivan Castillo y Jesús Eduardo Hernández Vélez, sus fotos fueron publicadas por el semanario Zeta junto con el de otros policías del estado que también habían sido invitados por la PGR a esta singular presentación.

Fueron incomunicados y sus abogados no pudieron presenciar la certificación médica de los mismos.

Ante la opinión pública, el solo hecho de haber sido detenidos los convertía en culpables de facto, aunque no se hubiera cumplido aún el término constitucional y no hubiera orden de aprehensión en su contra.

En la antesala de la policía municipal de Ensenada, dos mujeres, las esposas del subcomandante y el comandante de la policía municipal, pedían algunos documentos exigidos por la PGR para comprobar resultados de antidopings, cargos anteriores, expediente con partes informativos.

Las dos esposas estuvieron todo el día... a las tres de la tarde aun no les daban los documentos certificados indispensables para llevar a la ciudad de México e iniciar así la defensa.

Este fin de semana ambos, Ivan Castillo y Jesús Eduardo Vélez fueron liberados. No hubo ningún elemento que permitiera consignarlos; viajan ya rumbo a Ensenada donde les esperan una serie de preguntas sin respuesta.

¿Conserván aún sus empleos?

¿Quién va limpiar sus nombres y sus apellidos?

¿Quién les devolverá no solo la tranquilidad sino la confianza en las instituciones a los que ellos representan?

En el estado, los policías ministeriales y los municipales actualmente sonlos malos de esta película... ¿cómo se van a coordinar en el combate a la delincuencia, en particular con la PGR, con el Ejército y la PFP?

Resalta en esta historia un hecho paradojico pues los policías de Baja California solo escucharon en estos largos días, una defensa además de la de sus abogados, fué la Procuraduría de los Derechos Humanos quien impugnó por lo menos de palabra el operativo, señalando que violentó las garantías constitucionales de los agentes.

Queda para la historia la postura del Mandatario Estatal quien felicitó esta acción, donde se aplica muy bien la frase, primero jusilo y despues viriguo.

El Gobernador no reclamó la acción... no exigió el respeto a la soberanía... sólo se conformó con una escueta explicación en la que se le decía que como directivos de las fuerzas del orden, sólo tenía delincuentes y lo aceptó.

De los alcaldes, habrá que reconocer a Jorge Catalán el hecho de afirmar que apoyaría a sus jefes policiacos si estos eran inocentes y otro més que dijo que proporcionarían apoyo jurídico y el salario, en tanto se demostrara que realmente estaba involucrados en ilícitos.

¿Cuántos de los policías detenidos eran responsables?... Probablemente mas de uno. El problema, ahora, es quien le creerá a la PGR y la inteligencia aplicada en su investigación.

En esta historia hay una moraleja: no se vale, ni se debe valer en México, violar la ley para aplicarla, porque a fin de cuentas, si no exigimos que se cumpla lo que esta dentro de la constitución y nos acostumbramos a permitirlo, mas tarde o mas temprano con la vara que midamos seremos medidos.

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