La petición de que se instalen cámaras de video en los retenes militares surgió del Congreso del Estado, como una forma de tranquilizar a la opinión pública que desde que los retenes son lo que son, ha enfatizado su carácter anticonstitucional que viola de manera flagrante lo estipulado por la Constitución Política Mexicana.

Pero a palabra del presidente no hay ley que valga.

Sólo el 7 % de quienes participaron en nuestro sondeo opinan que el material de video que llegara a grabarse en un retén debería quedar a cargo de los mismos militares. Cifra de confianza demasiado baja.

Para el 10 % la revisión debe recaer en las autoridades civiles. Nada para presumir, especialmente cuando el Gobernador justifica las acciones derivadas de un primer mandatario de su mismo partido al comparar los retenes con las aduanas.

Esto no supera la miopía del Secretario General de Gobierno que para dar carpetazo al asunto se limita a decir: “es un asunto político”.

Lo curioso es que ningún sector se ha manifestado por hacer que se cumpla la constitución, que garantiza el libre tránsito de los mexicanos por el territorio nacional.

De aprobarse las reformas a la Ley de Seguridad Nacional los retenes serán legales y de ahí, a que se requiera un salvoconducto firmado por algún militar de alto rango, solo hay un paso.