Este beneficio fiscal se publicó a mediados de febrero de este año; un decreto presidencial en el que se autoriza a personas físicas la deducción de gastos, específicamente de colegiatura, desde el nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente.

En el decreto se establecen requisitos para acceder a este beneficio y montos tope relativos por nivel educativo. Para establecer los máximos, se dijo, fue necesario calcular la inversión del gobierno federal por estudiante.

Un cálculo sencillo: lo que se gasta por nivel educativo dividido entre el número de estudiantes que se atienden. Digno de la capacidad del Secretario de Educación.

Sin embargo, los mexicanos queremos ver otro cálculo… uno ligeramente más complejo: uno que relacione la cantidad de días que malgasta el magisterio amparado en cuestiones sindicales y la pobre o nula supervisión del avance que logra cada estudiante.

Ojalá se descontara lo que cuesta mantener a los miles de aviadores magisteriales, mañosamente encubiertos por el justificante de “atender una comisión”.

En fin, que la lista de la ineficiencia educativa de nuestro país es larga y poco atribuible a los maestros que están frente a grupo realizando su trabajo; es una cuestión de sistema y de mafias más poderosas que las del tráfico de drogas. Tienen tanto poder que con esas no hay que meterse, vamos, ni con el pétalo de una presidencial rosa.