Villanueva le apuesta, a la confusión y a la ausencia en Baja California de transparencia de las autoridades federales que lo dejaron operar casi una década, provocando que fuera el Estado quien resolviera un asunto que desde el primer momento debió atacar la Secretaría de Hacienda por medio de Aduanas y la policía fiscal.

Como es su costumbre, este sujeto utilizará los medios de comunicación que se lo permitan, para lograrlo, apoyado en la ignorancia de las leyes, la crisis económica histórica, los tramposos, la corrupción y la omisión.

El problema en esta historia es que para atajar a este sujeto será necesario que la actuación sea inmediata y eso implica que las autoridades federales hagan su trabajo y las atribuciones específicas con que cuenta el Estado desde el 2008 se amplíen a las autoridades municipales junto con recursos.

Aunque usted no lo crea, por varios años, una de las justificaciones de aduana y de recaudación de rentas del Estado, para no controlar el ingreso de unidades de contrabando a Baja California fue la falta de un patio fiscal.

Hace alrededor de cuatro años, (2007) cuando el Puerto inició la construcción de la nueva aduana, se eliminaron los patios de almacenaje que se tenían en esa área, quedándose Ensenada sin el espacio a donde eran trasladados los vehículos de contrabando.

Al generarse un decomiso, las unidades tenían que ser llevadas a Mexicali o Tijuana y ante ello, resultó mas fácil para los aduanales hacerse de la vista gorda.

Por si eso fuera poco la introducción a la región fronteriza de “saldos” se convirtió en un jugoso negocio en las aduanas de Tijuana que al extorsionar a los comerciantes que cruzan la línea, decidieron concentrar su esfuerzo, no en vigilar la entrada de contrabando sino en sacar la mejor tajada de ello por lo que los vehículos ilegales dejaron de ser atractivos.

Como se dio cuenta en su momento Fidel Villanueva aprovechó cada momento para apuntalar su floreciente negocio que al ser detenido sumaban ya mas de 12 sucursales distribuidas en todo el Estado, que tenían una larga lista de cuotas para los “socios” quienes por evadir al fisco terminaban pagando más a Anapromex.

Cabe destacar que desde julio de 2008 el gobierno del Estado mediante un convenio de coordinación fiscal tiene la atribución legal para realizar el decomiso de unidades de contrabando y basado en dicho convenio se reanudaron los aseguramientos muchos de estos en medio de auténticos “shows” que eran grabados por Villanueva y su gente para luego transmitirlos en su propio programa de Televisión en el Canal 29.

Villanueva pues, esta libre, bajo fianza y dispuesto a reincidir, sabe que mientras las autoridades reaccionan puede aprovechar el tiempo para recuperar algo de la inversión que tuvo que hacer en fianzas y abogados.

Veremos ahora, hasta donde llega la tolerancia de la autoridad y la desvergüenza de este sujeto.