Antes de que un narcomenudista pudiera autodeclararse como adicto la cosa era sencilla: lo agarraron con droga (la que sea, cuanto sea) y va directo al ministerio público federal.

Los cambios a la ley que permitieron a los adictos portar cierta cantidad de dosis de drogas, lo único que lograron fue hacer cambios en la forma de operar de los distribuidores: cargar cantidades menores de droga.

El tema siguió siendo cosa de la federación y por lo tanto, permaneció viva la fructífera caja chica propiedad de la Procuraduría General de la República.

¿Qué sucedió o sucede en cada caso? Solo ellos lo saben, porque nadie ha logrado sacarles la estadística de consignaciones y libertades. Vamos, la caja chica exenta de todo tipo de auditoría.

En agosto, el llamado narcomenudeo pasa a ser un asunto estatal.

De acuerdo a nuestro sondeo la mayoría opina que en mayor o menor grado, quien se declara adicto está cometiendo un delito y esta opinión de alguna forma es compatible con las nuevas disposiciones, pues será el sistema estatal de justicia el que se encargue ahora de investigar todo lo relacionado con traslado, trasiego, posesión y consumo de drogas, pero también todo lo correspondiente al tratamiento de las adicciones.

Seguramente en el informe del gobernador (octubre) aparecerán los primeros números oficiales relacionados con el tema y podremos darnos una idea del tamaño del monstruo.