Cuando pensamos en gobierno, ese enorme aparato que pagamos entre todos, es común que la mayoría de las personas sólo identifiquen a lo que se relaciona con el poder ejecutivo, ya sean instituciones o personas.

Esto de alguna forma ha permitido que la atención pública no se enfoque de manera constante en los integrantes del poder legislativo y menos aun en los miembros del poder judicial.

Si bien es cierto que cada institución contempla la rendición de cuentas, regularmente al final de cada ejercicio fiscal, el hecho es que para cuando puede descubrirse el mal empleo de recursos ya es demasiado tarde.

La mayor parte de estos mecanismos de supervisión fueron creados hace décadas, cuando era operativamente imposible contar con bases de datos y sistemas informáticos que permitieran conocer cada uno de los movimientos realizados con recursos públicos.

Hoy podemos pedir algo que hace veinte años era prácticamente impensable, pues no solo es técnicamente viable sino que además es obligación del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información avanzar en esta materia.

El hecho de que un diputado explique en que gasta lo que se le asigna en nada demerita su trabajo legislativo, a menos claro está, que obtenga recursos para una cosa y los gaste en otra.