Durante el sexenio de Eugenio Elorduy se promovió que los restaurantes pudieran vender vino de la región, por medio de un permiso que prácticamente no tiene costo. Esto, para impulsar al sector vinícola bajacaliforniano.

El que no tenga costo no implica que los trámites sean en automático, pues hay que llenar bastantes requisitos ante el ayuntamiento (algunos realmente absurdos), para obtener el documento y empezar a vender vino de la región.

El problema es que nadie certifica que lo que se vende sea sólo vino bajacaliforniano, así que muchos empresarios aprovechan las constantes ofertas de vino chileno, argentino, español y francés, para explotar un privilegio pensado en el impulso a la vinicultura local.

Aunque la mayoría desea que el acceso a los permisos de cerveza sea prácticamente similar, la pregunta es ¿Cómo lograría el ayuntamiento controlar que lo que se vende al público sea exclusivamente cerveza artesanal?

Cuando la presentación es exclusivamente en botella cerrada se evitan los malos entendidos, pero ¿Qué hay de las jarras de cerveza? ¿Quién podría certificar que no se le está dando gato por liebre a los parroquianos?

Cierto, habrá muchos que por ética se limiten a lo establecido con el mayor respeto al espíritu de la ley, sin embargo, también habrá muchos oportunistas a los que será imposible negarles un permiso si es que cumplen con el resto de los requisitos.

Una medida apresurada podría ser contraproducente para los mismos productores, que en poco tiempo verían muchos establecimientos abiertos y pocas ventas de su producto.