En Tamaulipas integrantes de una familia mueren en el fuego cruzado entre presuntos delincuentes y marinos. Familiares de las víctimas dicen que les dispararon desde un helicóptero, la Marina lo niega. Aún sin estar presente en el tiroteo, un amplio sector de la sociedad da por hecho la agresión naval. Y lo descalifica.
En Guadalajara desaparece un joven estudiante de medicina. La sociedad reclama molesta. Días después las autoridades anuncian la localización del estudiantes; estaba muerto colgado de un árbol. La versión oficial habla de un posible suicidio. Un amplio sector de la población duda del informe oficial y lo recrimina.
En la Ciudad de México un joven es arrestado tras ser señalado por una mujer de intentar robarle su bolso. El detenido, según la autoridad, fue liberado minutos después pero sus padres lo vuelven a ver transcurridos varios días. Estos últimos sostienen que a su hijo lo levantaron los policías y luego de golpearlo lo abandonaron en el Estado de México. El menor fue internado en un hospital psiquiátrico al tiempo que un amplio sector de la sociedad se indigna y válida lo dicho por los padres.
En Camalu, ya en territorio ensenadense, policías matan a un hombre luego de que este les disparó desde el interior de una patrulla. El occiso, se dijo, había sido reportado como peligroso y al intervenir los agentes preventivos se resistió. Un número importante de residentes del lugar sostienen que la agresión y su resultado pudo ser otro con un correcto proceder de los uniformados.
En Maneadero, semanas después, Policías Ministeriales matan a un joven que, según la versión oficial, les había disparado primero. El fallecido y otros dos jóvenes fueron perseguidos desde Ensenada tras participar en una riña con vigilantes de un bar. Familiares y vecinos del joven muerto rechazaron que este portara armas y menos que haya enfrentado a los ministeriales. Un amplio sector de la población pone en entredicho el argumento oficial.
A lo largo y ancho de nuestro país se repiten sucesos lamentables aderezados de una coincidente desconfianza hacia la parte gubernamental.
Es evidente, pues, la crisis de credibilidad en que se encuentran inmersas las instituciones de gobierno.
Y cuando se pierde la credibilidad se pierde también la confianza, la cohesión, la solidaridad.
Enorme tarea tiene entonces el Gobierno en todos sus niveles para salir de tan complicado atolladero.
Y del mismo tamaño debe ser nuestra responsabilidad ciudadana para no caer en el juego de lo tenebroso, del rumor que lastima y confunde, del miedo que aísla y enclaustra.