No obstante que en la zona fronteriza del norte de Mexico la operación irregular de vehículos de procedencia extranjera constituye un problema social, ninguno de los aspirantes ha fijado una posición al respecto.

En tanto, por las aduanas mexicanas diariamente se introducen cientos de vehículos a manera de contrabando, agigantando un problema de por sí harto complicado.

Se trata de una actividad que deja cientos de millones de pesos y en donde hay muchas partes involucradas, entre ellas instancias de gobierno, particulares, comerciantes establecidos y organizaciones sociales que prometen programas de regularización.

El problema de los autos “chocolate” se salió de control desde hace varios años.

Tan se salió que hoy en día las autoridades, aunque no lo reconozcan, están imposibilitadas de actuar en contar de los posesionarios de vehículos irregulares.

Y es que, literalmente, no hay espacio suficiente para confinar a decenas de miles de automóviles chuecos en caso de que se implemente un operativo de decomiso.

Cierto es que aunque hoy no lo consideren un tema relevante para incluirlo en su agenda de propuestas, quien gane la elección del 1 de julio deberá atenderlo como una prioridad.

Cuando menos para la frontera norte del país.

Semanas atrás un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó (SHCP) me precisó aquí que no había en el corto plazo un programa encaminado a regularizar autos “chocolate”.

No había planes de regularizar, pero tampoco para decomisar. No antes de las elecciones federales.

Ya se ha dicho en múltiples ocasiones que al amparo de este problema se cometen otros, sobre todo ligados al tema de la seguridad.

Asaltos, robos e incluso crímenes de alto impacto son cometidos por delincuentes que se mueven en unidades irregulares.

Pero también se ha argumentado en no pocas veces que los altos costos en los trámites de importación, es uno de los motivos que obliga a particulares a transitar por veredas ilícitas.

Así las cosas, mientras los aspirantes presidenciales no han fijado posturas sobre el tema y la autoridad en turno parece no tener el menor interés en atenderlo, organizaciones sociales que ofertan “protección” al amparo de supuestos programas de regularización, están más que felices.

Y cómo no si las utilidades por comercializar placas de cartón y calcas les representan ingresos por muchos millones de pesos.