La compra, por ejemplo, de vehículos usados por montos superiores a los 200 mil pesos, cuando el ayuntamiento atraviesa por la peor crisis financiera que se recuerde.

O la compra de motores completos por 60 mil pesos y la reparación de medio motor por 160 mil pesos.

Del porque, ademas, se escogió a una empresa con asiento en Tijuana pero que factura desde Monterrey, para la reparación de carros patrulla.

La empresa seleccionada como proveedora, IEV Ambulances, se publicita como proveedora de vehículos de emergencias, como ambulancias y bomberas, más no como taller de reparaciones mecánicas.

De acuerdo a copias de las facturas que se expidieron al XXII ayuntamiento, esta misma empresa vendió al municipio dos vehículos tipo expedition, modelos 2009 y 2011, por cantidades que superan los 200 mil pesos.

Es correcto precisar, que los montos pagados por las unidades coinciden con los precios que este tipo de unidades usadas, tienen en el mercado libre.

Lo cuestionable es la compra de unidades, cuando la autoridad local exhibe graves problemas financieros.

Por los montos pagados a la empresa y que podrían sumar varios millones de pesos, se ignora si debió licitarse la reparación de vehículos por parte del gobierno municipal.

Llama la atención como a la empresa en mención se le pago la cantidad de 60 mil pesos por cada motor completo adquirido, pero al mismo tiempo generó un pago superior a los 160 mil pesos por la reparación de medio motor.

El regidor independiente, Cristian Ivan Vazquez, interrogado al respecto dijo no disponer de la información precisa para determinar si los servicios contratados por el ayuntamiento, son lícitos o sujetos de observaciones.

Afirmó que para él ha sido sumamente complicado obtener información sobre determinadas acciones, en donde el Gobierno Municipal está involucrado.

Lamento que la transparencia no sea una prioridad para la actual administración.

Cuando la autoridad local se decidió por recurrir a una empresa de Tijuana para reparar carros patrulla, se argumentó que fue por ofrecer importes más bajos, aunque nunca se precisó cuales fueron las cotizaciones por parte de empresas locales.

Ojalá que el Gobierno Municipal proporcione la información precisa sobre este tema, para dejar en claro cómo se actuó. Y si fue apegado a la normatividad, así habrá de reconocerse.

Mientras eso ocurre, las interrogantes y las dudas ahí siguen.