Hoy el tema es la recolección de basura, un servicio público inmerso en severa crisis.

Carlos Ibarra, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), manifestó hace días que son trabajadores sindicalizados del gobierno local, los que causan de manera intencional afectaciones mecánicas a los camiones recolectores.

Que los burócratas asignados al área de la dirección de Servicios Públicos vaciaron agua en los depósitos donde va el diesel.

Y reclamaron una investigación y sanción a los responsables.

Los empresarios, entonces, afirmaron algo que ni las propias autoridades municipales han denunciado, vamos, ni siquiera han puesto sobre la mesa de las sospechas.

Y en ese intento de justificar sus afirmaciones, el dirigente empresarial señaló que fueron funcionarios municipales (?) los que le filtraron tal información.

La preguntas entonces se hacen obligadas:

Si funcionarios municipales tienen pruebas de que empleados de limpia dañan de manera intencional los camiones recolectores, porque no los denuncian?

Si enterados de tales aseveraciones los empresarios decidieron hacerlas públicas, porque no acusar entonces de cómplices a las autoridades municipales?

El CCEE es el organismo cúpula del sector empresarial y por lo mismo debe conducirse con base a pronunciamientos responsables.

Ni la especulación, ni la defensa a ultranza del gobierno en turno, figuran

en sus postulados.

Y meterse en confrontaciones que no le tocan, tampoco.

Confrontación como la que ahora libran con el sindicato de burócratas, quien exige al organismo empresarial y a sus representantes las pruebas de sus señalamientos.

Y es que quien acusa está obligado a probarlo.

Ciertamente el tema de la recolección de basura se ha vuelto un problema álgido para el gobierno municipal. Sus promesas de hacer eficiente este servicio público se han quedado en eso, promesas.

Ni con una flotilla de camiones recolectores que fueron donados por ciudades de California, el problema ha sido resuelto.

Por eso resulta extraña la intervención del CCEE con una acusación que raya más en la defensa del gobierno, que en una postura responsable ante un problema difícil de resolver.