El documento, que fue leído por el diputado César Adrián González García, establece que la propuesta resulta jurídicamente procedente, pues se encamina a instrumentar un derecho humano, debidamente establecido en el marco jurídico constitucional, ya que la política hídrica es considerada de seguridad nacional y de prioridad estratégica para el Estado Mexicano, pues lleva implícita derechos fundamentales reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, resulta dable la propuesta del autor, pues se encamina a tutelar eficazmente derechos en beneficio de la colectividad.

Es por todo lo anterior, la Comisión dictaminadora estableció que la proposición de acuerdo económico formulada por el inicialista, resulta acorde a derecho, no se contrapone con ninguna disposición de orden federal o local y no contraviene el interés público, lo que la hace jurídicamente procedente, por lo que la XXIV Legislatura de Baja California, exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que, en el ámbito de su competencia, instruya al Secretario del Agua y a las personas Titulares de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, a promover el uso de aguas residuales tratadas, para el riego de áreas verdes públicas, parques, unidades deportivas y áreas verdes.

En el mismo sentido se exhorta respetuosamente a las presidentas y los presidentes municipales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, así como a los Titulares de los Concejos Municipal Fundacionales de San Felipe y San Quintín, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan el uso de aguas tratadas para el riego de áreas verdes, camellones, parques y unidades deportivas.