A casi cuatro años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo donde se ordena al Congreso del Estado de Baja California formular
una nueva resolución sobre los límites entre Ensenada y Playas de Rosarito, Diputados locales, han sido omisos a dicho cumplimiento.
Al mismo tiempo el alcalde de Ensenada Armando Ayala quien tiene la atribución legal para exigir que se cumpla lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco lo ha hecho.
En una reunión organizada por el Consejo Consultivo Económico de Ensenada, el abogado Alfonso García Quiñones del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), explicó cual es la situación actual de este conflicto territorial iniciado cuando fue constituido el municipio de Playas de Rosarito el 29 de junio del 1995.
En esta fecha Ensenada era el municipio más grande de México con 52 mil 510 kilómetros cuadrados que han sido recortados paulatinamente con la creación del municipio de San Quintín y San Felipe.
Sin embargo es con Playas de Rosarito donde se ha mantenido una controversia territorial, ya que en 1995, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOPE) hoy renombrada como Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Territorial (SIDURT ), cedió a Rosarito una porción de Tijuana inexistente y con ello se la quitaron a Ensenada para cubrir los kilómetros cuadrados faltantes al llamado quinto municipio.
Entrevistado luego de reunirse con miembros del Consejo Consultivo Económico de Ensenada, impulsores del GIT desde su creación, García Quíñonez explicó que este asunto que cumple 28 años es algo que
“Indebida e ilegalmente se creó por una sobreposición el gobierno del Estado en 1995 con información que les proporcionó la entonces SAHOPE donde el arquitecto Víctor Hermosillo decidió repartirlo”
En su participación, el abogado Alfonso García Quiñónez, recordó que se trata de 168 kilómetros cuadrados; que lo compone un espacio en forma de triángulo que suman 168 km2, que van de la línea que parte de la confluencia del litoral a del océano Pacífico de la zona federal con el paralelo 32:10 y hasta la línea que termina en el Rancho Vallecitos.
Explicó que antes de la fundación de Playas de Rosarito, Tijuana contaba con mil 584 km2 y estaba perfectamente establecido el lindero con respecto a Ensenada: a partir de la confluencia del paralelo 32:10 con el litoral del océano Pacífico, a unos 80 metros del lugar del lugar de la mojonera.
Al crearse el Estado de Baja California, por ley dicho vértice se dirigió rumbo al Rancho Vallecitos, lo que confirma la superficie de mil 584 km2 de Tijuana, que la Ley en 1989 lo remarca y menciona expresamente.
Sin embargo, en 1995 al crearse el Municipio de Playas de Rosarito, por un trabajo del Gobierno del Estado le dieron al nuevo municipio 513 kilómetros cuadrados y le dejaron a Tijuana una superficie de 1 mil 239 km2.
Si se suman, ya no son los 1 mil 584 que tenía Tijuana para repartir sino 1 mil 762 km2.
Ese excedente de 168 km2 es el que reclamó Rosarito de Ensenada, pero no se lo quitaron a Ensenada porque la ley de 1995 que crea el municipio de Playas de Rosarito, confirma que Ensenada conserva el territorio que siempre ha tenido, no hay especificaciones al respecto. Esto creo una sobreposición que Rosarito ha dicho desde entonces que le pertenece.
“En el decreto de 1995, se crea el municipio de Playas de Rosarito, se repite la ley de 1989 donde Ensenada conservaba sus 52 mil 510 km2, pero se creó una sobreposición, no se lo quitaron a Ensenada y esa sobreposición es lo que se sigue peleando.”
Recordó que en el 2016, el Congreso del Estado resolvió una controversia constitucional a favor de Playas de Rosarito y el gobierno de Gilberto Hirata impugnó ante la Suprema Corte.
Esta controversia constitucional se resolvió en 2019 cuando la SCJN le dijo al Congreso que su resolución era ilegal y por tanto dejaba sin efecto el fallo del Congreso a favor de Playas de Rosarito.
Le ordenó entonces al Congreso del Estado de Baja California que emitiera una nueva resolución apegado a derecho y en eso está; “durmiendo el sueño de los justos desde 2019, en espera que el Congreso se digne dictar un nuevo fallo apegado a la ley”.
Es un asunto concluyó, que le corresponde impulsar y exigir al Alcalde Armando Ayala y a casi cuatro años de distancia, ha sido omiso.
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