El jueves 30 de agosto, a poco de que el Alcalde Armando Ayala informara que el asunto se turnaría para investigación a la Fiscalía General del Estado, el Grupo Amaya Curiel que administra aquí la empresa Pétreos del Pacífico, emitió un comunicado donde aseveraba que había abortado un intento de invasión encabezado por activistas, que en preventa habían hecho al menos treinta contratos de lotes en una zona delimitada para el almacenamiento de explosivos.

José Fabián Cázares, abogado de la compañía, desmintió versiones relacionadas al maltrato animal difundidas por presuntos invasores, que publicaron versiones en redes sociales –sin evidencia- sobre el desalojo de un albergue para perros.

“En realidad alcanzamos a detener un intento de invasión, de unas 15 personas, la mayoría de comportamiento agresivo, que habían colocado rayas con cal, como un anticipo de lo que podría ser separación de lotes para vivienda”, informó el litigante.

Medios locales y la autoridad municipal hicieron eco de la queja de una norteamericana que hablaba de animales maltratados. De ello, Cázares dijo que no había animales en el predio. “La señora americana traía jaulas y algunos perros en su camioneta, que se peleaban entre ellos”, comentó.

Lo cierto es que un aparente abogado o promotor de lotes del lado de los invasores, que se presentó en el sitio, mostró una treintena de contratos de compra venta de lotes, que Cázares sospecha que se trata del predio donde Pétreos del Pacífico destina para “polvorines”, espacios dedicados al almacenamiento de explosivos.

En virtud de ello, la empresa decidió cercar el área para evitar acercamiento de desconocidos, y cumplir así con la norma que exige cierta distancia de los polvorines con otras actividades productivas o actividades de cualquier naturaleza.

La compañía pidió el auxilio de la policía ante el secuestro de dos camiones de la empresa que no pudo salir del sitio porque una docena de personas lo impedía. “Los policías se dieron cuenta que no nos dejaban entrar nosotros, ni salir a los camiones, porque tenían bloqueado el único acceso, lo que quedó inscrito en el parte policiaco”, informó Cázares.

Pétreos del Pacífico, que adquirió el predio desde 2002, es parte de un consorcio que produce grava que obtiene de la concesión minera para la explotación de pétreos (andesita) adjunta al arroyo San Carlos y su uso es esencialmente apreciado por su dureza para la construcción.

Por su parte, el Alcalde indicó, también en un comunicado que luego de la destrucción de un albergue para mascotas ubicado en el Cañón de San Carlos, y tras la actuación de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, se canalizarán las evidencias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente municipal Armando Ayala Robles, lamentó los hechos denunciados a través de la redes sociales, donde se observa la destrucción y desalojo de un albergue de mascotas en dicha zona y se señala a los conductores de camiones de carga de productos pétreos.

Especificó que desde el pasado 8 de mayo, la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente recibió una denuncia telefónica que indicaba supuestas malas condiciones sanitarias y falta de permiso en ese refugio.

Al respecto, Oscar Quiñonez Uribe, subdirector del área, indicó, que ante el reporte, el pasado 5 de julio personal de inspección fue para corroborar los hechos denunciados y encontró a aproximadamente 48 perros y 5 gatos en condiciones de salud aparentemente buenas y resguardadas del sol, dentro de jaulas tipo gallinero con espacio amplio, agua limpia y alimento.

Aunque el espacio estaba en buenas condiciones, dijo, las personas a cargo no presentaron evidencias de contar con registro y/o licencia ante el Gobierno de Ensenada para desarrollar la actividad, por lo que se otorgaron 20 días hábiles para tramitar y obtener favorablemente la licencia ambiental para operación de un albergue para animales.

“Hasta el 24 de agosto la Subdirección y el albergue mantenían comunicación debido a una solicitud de prórroga para cumplir con la documentación solicitada, pero ayer 30 de agosto, mediante redes sociales, recibimos varias denuncias sobre el desalojo violento”, detalló.

Quiñónez Uribe refirió que fue una empresa privada y un particular quienes comenzaron a causar daños en la propiedad, destruyendo con camiones y maquinaria las jaulas del albergue, además de ocasionar la muerte de varias mascotas, por lo que se entregarán evidencias ante la FGE.