En mayo del 2019, Estados Unidos anunció que impondría un arancel del 17.5 % al tomate mexicano lo que se logró evitar con el acuerdo de suspensión que ahora en 2023, productores de Florida buscan eliminar.

En la sesión del pasado 12 de septiembre, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que los integrantes de este órgano directivo suscribieron un pronunciamiento, que es complemento del que emitió la Comisión Permanente, en su sesión del 15 de agosto, para apoyar a los productores mexicanos.

Senadores destacaron que el Acuerdo de Suspensión de 2019 fue producto de la recopilación de información y de múltiples auditorías, por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, orientadas a varios productores de tomate mexicanos, los cuales validaron los estándares requeridos y el convenio se aprobó con base en el marco normativo comercial de ese país.

Sin embargo, en junio de 2023, la Florida Tomato Exchange, organización de productores de tomate de Florida, ingresó una solicitud al Departamento de Comercio de ese país para que termine con el Acuerdo, y al tomate mexicano se le impongan derechos de importación, con el argumento de que este tiene un precio inferior a los precios de referencia.

Lo anterior, alegaron los integrantes de dicha organización, ocasiona que la industria estadounidense de tomate, principalmente la del estado de Florida, sea afectada.

En el pronunciamiento del Senado mexicano, se destaca que las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos son un elemento de vital importancia para el funcionamiento de la economía de nuestro país y representa uno de los pilares del crecimiento y del empleo.

Tan solo al cierre de 2022, el comercio agroalimentario entre México y la Unión Americana alcanzó los 73 mil 137 millones de dólares.

México, se subraya en el documento, es actualmente uno de los 10 principales productores de tomate en el mundo y 99.7 por ciento de éste es exportado a Estados Unidos.

“Esta solicitud es injusta, toda vez que en reiteradas ocasiones se ha demostrado lo benéfico que resulta el Acuerdo para ambas partes, pues al tratarse de un producto altamente perecedero, la producción mexicana permite suplir la demanda constante del mismo”.

Además, enfatizaron los legisladores, el Acuerdo es auditado trimestralmente por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y a razón de ello es que ha sido renovado en diversas ocasiones.

Ante la posibilidad de que el Acuerdo sea suspendido de manera unilateral, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inició varias acciones para impedir que sea cancelado.

En este sentido, se reunió recientemente con el cónsul de los Estados Unidos en Hermosillo, para abordar el asunto, y envió una carta a la secretaria de Comercio de ese país, Gina M. Riamondo, en la que solicita que, en la determinación que haga el Departamento de Comercio, permita que el Acuerdo de Suspensión firmado en 2019 continúe en vigor, por el bien de las industrias del tomate fresco de ambos países y de todas las partes afectadas.

Senadores destacaron que Sinaloa es el principal productor de tomate del país, pero la imposición de aranceles antidumping también afectaría a otros estados productores como San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Jalisco y Baja California.

“En suma, la cancelación del Acuerdo de Suspensión acarrearía graves problemas económicos para varios estados, dañaría los costos del producto y mermaría los empleos que se producen en el sector”, advirtieron.

Por ello, la Mesa Directiva impulsó este pronunciamiento, por el que el Senado de la República respalda la solicitud realizada al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por parte del Gobierno de Sinaloa, para que el Acuerdo de Suspensión de 2019 en materia de exportación de tomate mexicano continúe en vigor.

Además, hizo un llamado a la Secretaría de Economía para que apoye en los aspectos que sean necesarios para cumplir con este propósito.

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