El alcalde recordó que el nuevo reglamento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como el reglamento interior del Bando de Policía y Gobierno, fueron aprobados en comisiones, por lo que se abrogan los anteriores para que entren en función los de justicia cívica.

Esta nueva regulación, explicó Ayala Robles, faculta a las dependencias de seguridad pública a ejercer sus herramientas de justicia cívica, mientras que el de Bando de Policía y Gobierno establece lo que es la esencia y columna vertebral de la justicia cívica.

Apuntó que para ello ha habido capacitación constante para las y los jueces calificadores por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Asimismo, se ha capacitado a los y las policías de proximidad para que ejerzan la mediación.

Adelantó que el Gobierno de Ensenada está por celebrar un convenio con el Centro de Justicia Alternativa (CEJA) para que instruya al equipo de jueces calificadores en ese tema, ya que será primordial para ellos como equipo y para la propia ciudadanía.

Armando Ayala reiteró que sumado al proyecto, se complementará con otras herramientas como es la edificación del CM5, ya que los primeros meses de esta nueva forma de impartir justicia será un poco más pesado por lo que implica proteger los derechos humanos de las y los ciudadanos.

“Lo cierto es que los jueces calificadores y el personal de la Seguridad Pública tendrán y seguirán recibiendo todas las herramientas necesarias para que esto funcione muy bien”, enfatizó.

De la misma forma, el presidente remarcó que la comunidad interesada en saber más sobre el sistema de justicia cívica podrá verla en la página del USAID, mientras que el nuevo reglamento de la DSPM y el Bando de Policía podrá revisarlo y conocerlo por completo en la página de transparencia del Gobierno Municipal.

Por su parte, Iván Barbosa Gutiérrez, subsecretario del Ayuntamiento, reiteró que el CM5 estará terminado en 11 meses, por lo que el 1 de enero se empezará a trabajar con lo que esté listo.

En lo que respecta al tema económico y salarial para el personal y la implementación de la justicia cívica, expuso que esto será determinado por las autoridades competentes tanto en la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos.

Sin embargo, enfatizó en que la justicia cívica traerá beneficios a la comunidad, porque tendrá la oportunidad de pagar sanciones administrativas con trabajo social, en lugar de hacerlo de manera económica o con horas de arresto, lo cual será bueno para Ensenada.

“La justicia cívica, no sólo combate la falta administrativa cometida, sino que busca las causas que llevó al ciudadano a cometerla y apoyarlo para solventar ese problema, canalizarlo a alguna asociación civil que pueda ayudarlo a resolver esos problemas familiares o aquellos que se tengan como causa de los hechos”, explicó Barbosa Gutiérrez.

Barbosa Gutierrez destacó que se ha estado trabajando de cerca con la Dirección de Asuntos Jurídicos que es el superior jerárquico de los jueces calificadores y también con la Coordinación de Jueces Calificadores .

“Siempre ha habido armonía en todo este proceso. Hacemos un trabajo en equipo bastante sólido y hemos estado avanzando muy bien”, indicó.