Con ello, el dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados, busca plasmar que las autoridades federales, de los estados, municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México adopten medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito, con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.

Dichas medidas, precisa el documento, deberán garantizar acciones afirmativas respecto de las niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social.

Las implicaciones del matrimonio infantil, explicaron las y los legisladores, representan una práctica que altera el desarrollo integral de las y los menores como: su derecho a la salud, principalmente a la salud reproductiva, embarazos, maternidad y paternidad prematura.

Además de su derecho a la educación, por el abandono escolar, rezago educativo y en muchas de las veces, sobre todo en el caso de las niñas, se les inserta de forma prematura en un rol doméstico, lo cual implica explotación física y una condición violatoria de la igualdad de género.

En el dictamen, las y los senadores subrayaron que en México hay aproximadamente 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, y es uno de los 10 países a nivel mundial con mayor número de matrimonios infantiles.

Por tal motivo, se puntualiza que es fundamental legislar en esta materia, ya que al momento de que dicha práctica tiene consecuencias y violaciones hacia la integridad y derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, manifestó que con la reforma se refuerza la prohibición del matrimonio infantil, sobre todo en ciertas comunidades. El documento se envió al ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.